Respecto a resoluciones sobre el Casino Victoria y la sala de Concepción del Uruguay

Argentina: trabajadores del Iafas de Entre Ríos reclaman resolución de la Corte

15-08-2011
Tiempo de lectura 1:13 min
(Argentina).- En abril de este año, trabajadores del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) realizaron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia sobre la privatización de la fuente laboral. Pero “está todo freezado” y aún no tienen “novedades del dictamen”, manifestó el trabajador del Iafas, Jorge Alberto Vásquez, quien añadió que “el privado sigue avanzando sobre el Estado y nadie pone límites”.

Vásquez manifestó su preocupación por la falta de respuesta por parte de la Corte Suprema. Al parecer, “están esperando que trasciendan los tiempos”, señaló y aclaró que siguen “preocupados” por la situación  que atraviesan los trabajadores, porque “después del conflicto, quedaron con problemas psicológicos y familiares”, ya que “no es fácil afrontar el año sin sueldo”.

Los empleados de los casinos entrerrianos reclaman la derogación de las resoluciones 1.150 y 1.151 emitidas por el Iafas, luego de que un decreto del Poder Ejecutivo declarara de interés turístico a emprendimientos en el Casino Victoria y la sala de tragamonedas de Concepción del Uruguay, lo que los trabajadores interpretan como acciones encaminadas a privatizar el juego en la provincia.

Esa decisión gubernamental violaría la ley 5.144 que establece que la administración del juego debe estar bajo la órbita del Estado. Por la privatización de casinos y salas de juego, “peligran los ingresos para la acción social”, sentenció Vásquez y añadió que “el privado sigue avanzando sobre el Estado y nadie pone límites”, lo cual “traerá consecuencias”, porque “todo lo que se genera en recursos está en riesgo”.

“Se hizo mal en privatizar los casinos de Entre Ríos sin la contemplación de la voz de los trabajadores”, dijo y apuntó que “se dan consignaciones de hasta 50 años sin ningún tipo de consultas”. Cabe recordar que la presentación ante la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hizo en abril.

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