La Federación Nacional de Juegos (Fenaju) responsabilizó al director estatal de Casinos, Javier Chá, de haber incluido información falsa en un informe que elevó al Ministerio de Economía y que fue entregado a un juzgado de crimen organizado que indaga el contrato firmado en 2009 por Casinos y la empresa privada Vidaplan S.A., para gestionar en forma mixta la sala de juegos del hotel Nogaró.
Chá desestimó la acusación, sostuvo que los datos que brindó provienen del área financiera de la propia Dirección de Casinos del Estado y que está a disposición de la Justicia para brindar las explicaciones que ésta considere necesarias. Agregó que el juzgado que tramita el caso no cuestionó la información elaborada.
"El Director de Casinos debería haber rectificado la información errónea que libró" al juzgado especializado en crimen organizado a cargo de la magistrada Graciela Gatti en diciembre de 2009, afirmó la Fenaju mediante un comunicado.
La nota añade que se denunció públicamente a Chá y a sus asesores económicos "por las falsedades expresadas en un documento elevado al Ministro de Economía y Finanzas y divulgado en la prensa".
De dicho documento los funcionarios cuestionan, entre otros puntos, la veracidad del porcentaje adjudicado a Vidaplan por el arrendamiento del Nuevo Casino Nogaró (según Chá, 33% más IVA; para Fenaju 42% más IVA).
Agregan que recientemente Chá "siguió emitiendo datos económicos tan llamativos como los anteriores, pues mostró un incremento (de ingresos) del Nuevo Casino Nogaró sin decir que, en paralelo, se registró una pérdida en el Mantra de similar magnitud. Recordemos que en ambos, Vidaplan es el arrendador y responsable de la intermediación turística, o sea: habrían desvestido un santo, para vestir a otro".
El gremio del juego se pregunta en el comunicado si esto fue casual o se habría hecho para mostrar ante la investigación judicial una falsa realidad.
Chá dijo al Diario El País que difundió datos de los ingresos netos, líquidos y del pago del arrendamiento al privado por el Nogaró, fruto de la información que le dieron los servicios del área de administración financiera de Casinos. "Pusimos los números de las cuentas que tiene el Estado; son los oficiales. No sabemos de dónde sacan los números ellos, no sé qué asesoramiento técnico tienen", expresó Chá.
"Propusimos ir a donde sea necesario concurrir para explicar estas cifras. Si la sede judicial opinara que estos números no son sólidos nos hubiera citado", acotó. Chá indicó que con los datos difundidos, "desvirtué denuncias de que este era un negocio ruinoso para el Estado y que el arrendamiento se multiplicó por diez".
Respecto al arrendamiento del lugar, señaló que es incomparable la situación anterior -en que se alquilaba solo la edificación- que la actual, donde se paga por un inmueble remodelado, la equipación del casino (incluidas 300 nuevas máquinas), servicios internos y externos, un restaurante y una sala de teatros.
"Por todo eso se paga un precio de arrendamiento, y obviamente es superior al de un inmueble vacío y en mal estado. Pero no se multiplicó por diez, sino a lo sumo por tres o cuatro", concluyó.
En su comunicado, la Federación Nacional de Juego (Fenaju) también se refiere a Juan Carlos Bengoa, exdirector de Casinos del Estado procesado con prisión por irregularidades en su gestión al frente de casinos municipales.
Los funcionarios advierten que "los daños al Estado que habría ocasionado el exjerarca, designado por Astori, no se limitarían a los Casinos Municipales, pues también habría provocado graves perjuicios a la Dirección General de Casinos, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, dado que desde que asumió Bengoa en el año 2005 a la fecha, el Estado uruguayo habría perdido de ganar decenas de millones de dólares con sus Casinos y Salas de Esparcimiento".
Y se pregunta el sindicato: "¿Habría sucedido esto si hubiésemos contado con buenas administraciones y las mismas no hubieran sido manejadas por facilitadores de negocios con privados, sin un adecuado control estatal?".