Aprueban una nueva reglamentación para los casinos en Nicaragua

El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, indicó que actualmente el país recauda en la industria del juego 1,7 millones de dólares anuales en impuestos (más de 37 millones de córdobas). Pero ese monto ascendería a 4,6 millones de dólares al año, es decir, más de 100 millones de córdobas, que pasarán a la Tesorería General de la República.

Esto representaría un incremento de 170% en la recaudación, que se sumará al esfuerzo de cada año de reducir el déficit presupuestario que ronda los 6 mil millones de córdobas anuales.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, valoró que el nuevo marco de regulación a la actividad de casinos obligará a la formalidad a los negocios del sector, lo que a su vez permitirá una mayor recaudación de impuestos, sin aumentarlos.

Aguerri respaldó la nueva ley porque define los “principios que deben regir en la industria”, al partir de establecer al Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) como entidad reguladora y de esta forma consideró que se supera la ambigüedad que existía.

Destacó que lograron que la ley recogiera el principio de equidad, “porque de acuerdo al tamaño de cada empresa” que opere en este tipo de negocios “va a enterar o pagar” sus impuestos.

“No es que voy a dar un monto fijo indistintamente si tengo 500 máquinas o 100 máquinas. Aquí el  más grande va a tener que pagar más y el más pequeño va a dar menos”, explicó.

“Esto ayudará a que haya un importante dinamismo en ese sector”, considera el presidente del Cosep. Aguerri Resaltó además que uno de los puntos de mayor importancia de la nueva ley es que establecerá controles “en función de prevenir el lavado de dinero y cualquier tipo de operación fraudulenta”. La Ley Especial para el Control y Regulación de Casinos y Salas de Juegos entrará en vigencia 150 días después de ser publicada en La Gaceta, diario oficial.

La nueva ley prohíbe la existencia de máquinas tragamonedas dispersas, que operan actualmente sin regulación. Según estudios —afirma Gutiérrez— se estima que el 70% de las máquinas tragamonedas que hay en el país no están reguladas. Es por ello que con el ordenamiento que se espera impulse la nueva ley, aumentarán las recaudaciones tributarias.

Gutiérrez señaló que estudios de mercado reflejan que el negocio de casinos y juegos de mesa tienen costos muy bajos, por lo cual sus utilidades son elevadas. “Prácticamente todo el resultado de la actividad de casino es ganancia, especialmente los informales”, consideró el legislador.

La nueva ley prohíbe la existencia de máquinas tragamonedas o juegos de mesa en lugares que no sean establecidos para tal fin, como son los casinos o salas de juegos. Además, para contar con el permiso de operación, dichas salas de juegos o casinos deberán tener un mínimo de diez máquinas tragamonedas para calificar en la categoría “D”, una de las cuatro nuevas categorías que crea la ley.

La diputada opositora, Mónica Baltodano, además de cuestionar la ley porque considera no siguió el debido trámite, resaltó que este marco regulatorio eliminará a los pequeños negocios de máquinas tragamonedas. “Está fundamentalmente dedicada a favorecer a los grandotes, eliminar la competencia y tiene objetivos recaudatorios”, señaló.

La ley establece el pago de hasta dos mil dólares por “formularios de aplicación” para abrir un casino, tener saldos promedios mínimos en cuentas corrientes desde 10 mil hasta 100 mil dólares, entre otros requisitos para operar. “Esta ley tiene el propósito de favorecer a las grandes empresas de casinos y aplastar a las medianas y pequeñas”, sostuvo Baltodano.