aime Roura, representante legal de Ascabi, explicó que la pregunta debe ir dirigida a eliminar los juegos de azar que funcionan de forma ilegal y no a los que están regulados por el Ministerio de Turismo.
“Nos mezclaron a todos, pese a que cumplimos con los requisitos que estipula el reglamento de casinos y salas de juegos (bingos mecánicos). Ahora sólo nos queda esperar la decisión de la CC. Hacemos un llamado para que se convoque a la asociación y así poder explicar a los magistrados que nosotros funcionamos apegados a la ley y no causamos ningún problema al segmento vulnerable de la sociedad, como lo estipula la pregunta formulada por el jefe de Estado”, sostuvo Roura.
El fundamento en que se basó el presidente Rafael Correa para la pregunta es que los juegos de azar son una de las actividades que más repercusiones negativas tienen sobre la sociedad, en especial en los jóvenes, ya que para el mandatario éstos son una forma fácil de conseguir dinero.
Otro de los argumentos de Correa es que el negocio ha generado una fuente de corrupción incluso de las instituciones del Estado, en la que han intervenido autoridades y jueces para proteger de manera dolosa los derechos de las empresas dedicadas a los juegos de azar.
Ante estos fundamentos, Roura expresó que los 31 casinos y salas de juegos asociados a Ascabi se encuentran ubicados en los hoteles de lujo y sólo atienden a clientes de estrato alto y en su mayoría turistas, lo contrario ocurre con los establecimientos ilegales a quienes debe ir dirigida la pregunta según su opinión.
Dijo que además ellos funcionan con los registros de turismos expedidos por el Estado a través del Ministerio de Turismo otorgados con base en las leyes de fomento a la inversión, como la Ley Especial de Desarrollo Turístico.
El 22 de junio del 2010, el presidente Correa afirmó: “Vamos a prohibir totalmente esta clase de juegos y casinos en el país, vamos a declarar a Ecuador libre de juegos de azar y si es necesario con una aplanadora eliminaremos todas esas máquinas”.
Los casinos, salas de juegos, bingos y máquinas tragamonedas están en la mira del gobierno desde el 2009 cuando Fabricio Correa, hermano del jefe de Estado, denunció supuestos sobornos a políticos y funcionarios del régimen por parte de la empresa de casinos Invermun, quien les entregaba dinero a cambio de permisos para continuar funcionando.
Invermun S.A. (quien tramitó un cambio de nombre) es dueña de 34 salas de juegos en el Litoral. No tiene registro de turismo, funciona con un recurso de amparo otorgado en febrero del 2004 por un juez de Tosagua (Manabí) y cuenta con 1.600 empleados.
Cifras:
-31 casinos se encuentran registrados en el Ministerio de Turismo y son miembros de Ascabi.
-100 locales serían los que trabajan sin registro.
