Mientras se adelanta un proceso en su contra por los delitos de concierto para delinquir y concusión relacionada con cobros ilegales a dueños de casinos y máquinas de azar.
Según la investigación, que de acuerdo con Felipe Muñoz, director del DAS, se realizaba desde 2007, la ex funcionaria les exigía a los gerentes regionales el recaudo de cinco millones de pesos (U$S 2.717) mensuales destinados a sus cuentas personales a cambio de mantenerlos en el cargo.
El dinero provenía de casinos ilegales que pagaban menos de la mitad de lo que debían tributar como inversión al sistema de salud.
Hasta el momento, la Fiscalía conserva pruebas sobre la pérdida de 186 millones de pesos (U$S 101.091). No obstante algunos investigadores vaticinan que el fraude sea mucho mayor.