Las empresas que operen en Cataluña deberán tener un sistema que identifique al jugador y que permita saber, por ejemplo, durante cuánto tiempo ha jugado.
La Ley de Juegos y Apuestas elaborada por el Departamento de Interior sustituye la de 1984, que "había quedado obsoleta", según la directora general del Juego y Espectáculos, Mercè Claramunt. El nuevo texto obligará a las empresas a disponer de una sede social en Cataluña, aunque sus efectos son limitados: afecta sólo a los operadores que "se destinen principalmente a clientes de Cataluña" y a los apostadores que residan en esta comunidad. Interior admite las limitaciones: Internet no tiene fronteras y la regulación por comunidades autónomas no es la idónea, coincide el sector.
Por primera vez, la ley regula la publicidad y exige a las empresas que comuniquen previamente la difusión de anuncios de juegos y apuestas. El proyecto prohíbe incitar al juego "compulsivo", promoverlo mediante obsequios o consumiciones gratis y dirigir la publicidad a menores. El proyecto de ley prevé la creación de la Comisión del Juego de Cataluña, un órgano consultivo en el que estarán representados todos los actores del sector. La ley, además, obligará a la Generalitat a "fomentar una política integral del juego responsable" para disminuir los efectos de la ludopatía.