Según el abogado Joffre Campaña, este decreto representa una evidente contradicción del actual régimen no sólo en este tema sino en otros. "Una cosa es el discurso oficial y otra la acción del gobierno" menciona el jurista, quien añade que se puede apreciar cómo estos negocios continúan funcionando pese al anuncio de que son ilegales.
"Esa es una realidad porque no ha habido ninguna decisión política de cumplir la ley o de cerrar estas salas de juego", mencionó Campaña.
Considera que los casinos no van a cerrarse, pero supone que aparentemente se obligará a que haya una conexión entre los casinos legales y el SRI, "lo que es una oportunidad magnífica para legalizar el lavado de activos".
Campaña explicó que el dinero sucio se limpia a través de la compra de fichas o del juego. Cuando se lo conecta al SRI y se declara una parte del monto blanqueado, éste oficialmente va al Estado "que se convierte en un órgano que tolera y sabe lo que está ocurriendo pero que no tiene la decisión de poner freno".
Apuntó que por este tipo de situaciones se alerta del posible lavado de fondos ilícitos o provenientes del narcotráfico a través de recomendaciones de organismos internacionales, como el Grupo Internacional de Acción Financiera (GAFI), que semanas atrás excluyó a Ecuador de una lista de países en riesgo.
Sin generalizar a todos los usuarios de los casinos, el jurista enfatizó que no puede desmerecerse que sean escenarios perfectos para el lavado de activos ya que en el país operan sin regulaciones ni controles.