La abogada del ex gobernante (1994-1999), Guillermina MacDonald, indicó en un comunicado que el monto de la fianza "es injusto; lo que se traduce en una negación a la libertad del ex mandatario".
Además denunció que en el expediente de la Fiscalía "no existe la comisión de supuesto blanqueo de capitales", delito que no estaba tipificado cuando ocurrieron los hechos por los que está procesado.
Pérez Balladares está en arresto domiciliario desde el 14 de enero pasado por supuesto lavado de dinero, producto de una orden del fiscal contra el crimen organizado, José Ayú Prado, mientras se resuelven varios recursos legales.
Ayú Prado investiga a Pérez Balladares por sus presuntos vínculos con el blanqueo de capitales por recibir dinero de la empresa de juegos Lucky Games, a través de la sociedad anónima Shelf Holding de su propiedad.
La firma Lucky Games recibió durante el mandato de Pérez Balladares una concesión para operar un casino. Pérez Balladares atribuye las acciones de la Fiscalía a una persecución política desatada desde las más altas esferas del gobierno.