La Alcaldía de Caracas inició las investigaciones administrativas al Casino Tropical

El funcionario indicó que las investigaciones apuntan a que Verissimo Martins es también el propietario de los edificios Urdaneta, Puente Anauco y hotel Waldorf. Estos últimos pertenecen a una misma parcela catastral, muy cercana al casino.

Señaló Martínez que los edificios están registrados bajo distintas denominaciones comerciales, pero siempre están relacionados con el mismo propietario, el señor Luciano Verissimo Martins.

 “Se presume que se trata de varias denominaciones comerciales, para confundir a la administración, pero en todo caso es él quien aparece como propietario. Inclusive la Patente de Industria y Comercio está a su nombre”, dijo.

Indicó Martínez que se estima que puede tratarse de una adquisición reciente de esas parcelas para adecuar el hotel Waldorf con el fin de obtener un permiso de funcionamiento legal del casino en su propiedad.

Refirió que uno de los requisitos que exige la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles para obtener el permiso de funcionamiento de un casino, es tener un hotel de más de 200 habitaciones.

En referencia al hotel Waldorf, que ha sido declarado patrimonio municipal, Martínez señaló que por esas características la alcaldía no otorga permisos para hacer grandes remodelaciones en estructuras de éste tipo, donde sólo se permiten reparaciones menores, explicó el funcionario municipal.

Martínez dijo que las experticias reflejan que fusionaron las estructuras de los edificios Internacional y Panamerican para poner en funcionamiento el Casino Tropical.

Las modificaciones fueron a grandes escalas y se realizaron sin los permisos correspondientes de la Alcaldía.

 “Nunca pidieron ningún permiso ante la municipalidad, ni presentaron planos para realizar modificación o ampliación de espacios en los siete pisos que intervinieron desde el año 2008. Eso es grave porque esas estructuras pueden estar vulnerables ante la ocurrencia de un sismo”.

Asimismo informó que la Ordenanza Municipal sobre Arquitectura, Urbanismo y Construcciones en General, en su artículo 231, señala que las modificaciones sin permiso de la municipalidad acarrean medidas sancionatorias que van desde la clausura, multa hasta de 200% del valor de las obras y la demolición.