La creciente práctica del juego a través de televisión, móviles e Internet ya supone un 15% de esta actividad económica, en la que se mueve en las islas 1.600 millones de euros al año y reporta unos ingresos tributarios de más de 103 millones de euros a las arcas autonómicas.
El ejecutivo, que preside Paulino Rivero, tramita ya la nueva Ley de los Juegos y Apuestas, con la que pretende llevar a cabo una "regulación sucinta" para hacer "visible la competencia de la Comunidad Autónoma en relación con estos juegos y la exigencia de autorización administrativa de los mismos en condiciones de legalidad". El documento normativo ha sido remitido al Consejo Consultivo para que emita su preceptivo dictamen.
"Esta nueva normativa va a regular el sector de una forma más coherente, pues va a controlar actividades alegales como los juegos no presenciales (electrónicos), que suponen ya entre un 15% y un 20% del juego en Canarias, y a la vez permite un desarrollo de la actividad que impedía la actual ley", señala el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Bingos (Apebi), Jesús González.
El anteproyecto de la Ley de los Juegos y Apuestas de Canarias establece además la necesidad de convocar el concurso público como procedimiento para la concesión de la autorización de instalación, no sólo de casinos, sino también de bingos, hipódromos, canódromos y frontones, "dado el aumento de la competitividad entre las empresas del sector, entre otros aspectos".
Además, la normativa en trámite, que derogará la vigente Ley de 1999, aborda la ampliación del marco regulatorio de las apuestas que se organizan en lo locales -actualmente circunscrito a las carreras de caballos y galgos y al juego del frontón- a otras actividades, entre las que se cita expresamente la lucha canaria, así como "sobre acontecimientos deportivos o de otra índole y desenlace incierto".