De acuerdo con Bengoa, la idea es que estas máquinas operen sólo en los casinos sacándolas de los colmados, bancas de apuestas y otros establecimientos que estimulan la ludopatía en la población más joven de país.
Según datos manejados por el Departamento de Casinos de la cartera, en el país funcionan legalmente 5.269 máquinas tragamonedas, mientras que las ilegales superan las 15 mil. Empero, en Hacienda desconocen cómo entraron esas máquinas al país, por lo que no tienen tampoco constancia de una sola solicitud de importación.
Además de su ilegalidad, dice Bengoa, constituye “una odisea” inspeccionar las máquinas, cuyos dueños con frecuencia esperan a los inspectores pistola en mano.
Cada máquina legal genera por mes cerca de 80 mil pesos (U$S 2.235). Esto porque la estandarización le pone límites de ganancia tanto al propietario como al jugador, lo que no sucede con las ilegales.
Durante la rueda de prensa, Bengoa estuvo acompañado de representantes de juntas de vecinos, clubes deportivos e Iglesias.