La medida fue anunciada por la secretaria de la Junta de Control de Juegos (JCJ), Giselle Brea, quien aseguró que con las medidas se logrará reducir la cantidad de salas de máquinas tragamonedas y “poder brindar una respuesta satisfactoria al pueblo panameño con respecto al escándalo que envuelve a los accionistas minoritarios de la empresa Gaming & Service de Panamá, S. A.”.
También señaló que se cancelarán los contratos de operación que mantienen las empresas Comput Bingo, S. A., Competiciones Deportistas, S. A., Lucky Games, S. A. y Silver Cup, S. A. con el Estado, ya que fueron otorgados de forma directa y “sin haber participado en ninguna licitación pública”.