El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, y la secretaria ejecutiva de esa institución, Delia Rosales, explicaron que estas empresas deberán reportar la información correspondiente a la CAF, tal como lo hace el sistema financiero.
En reunión de esta comisión, que la integran varias instituciones, se formuló el propósito de aprobar un formulario de reporte de transacciones sospechosas. Centeno dijo que también analizaban un plan para trabajar sincronizadamente con otros países de Centroamérica, en el control de las llamadas “actividades inusuales”, sobre todo las referidas al lavado de activos y de dinero.
“La CAF ha considerado, de acuerdo a la facultad que le da la Ley 285, que no podemos seguir así, que necesitamos por el bienestar inclusive del mismo sistema financiero y de la sociedad en general que estas instituciones tengan sistemas de controles en relación al lavado de dinero”, explicó Rosales.
“No es porque estemos presumiendo que están lavando dinero, sino que deben tener sistemas que controlen la prevención del lavado de dinero, deben tener registros de sus clientes, deben conservar el registro de operaciones de sus clientes, deben revisar el origen del dinero que lleva un cliente”, manifestó Rosales.
Agregó que la mayoría de “sujetos obligados”, que no están bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos, no tiene programas antilavado; la única entidad que tiene programa de control de la información de sus clientes, dijo, hasta ahora es la compañía remesadora Western Union.
Rosales sostuvo que el establecimiento de las regulaciones es independiente a la visita que entre el 6 y 17 de octubre realizará al país una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En días pasados el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas, René Ortega, manifestó que el país ya envió el informe nacional, y sólo falta la verificación “de si lo que dijimos es así”.
“Si nosotros decimos que tenemos leyes, normas, reglamentos, que hay un andamiaje jurídico que nos va a permitir enfrentar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ellos vendrán a verificarlo al territorio”, sostuvo Ortega.
Entre las entrevistas que sostendrán destacan con la Superintendencia de Bancos, banqueros, Procuraduría General de la República, entre otros. Según Ortega, en su mayoría las entrevistas serán con técnicos, aunque no descartó que habrá algunas de carácter político, pero serán las menores.