Por las supuestas irregularidades en la administración de las salas

Uruguay: rechazarán mañana la conformación de una comisión investigadora de casinos

(Uruguay).- El Frente Amplio responderá mañana a las acusaciones de corrupción en los casinos del Estado con una fuerte ofensiva hacia los negocios que desarrollaron los anteriores gobiernos en la materia.
18-09-2007
Tiempo de lectura 1:25 min
(Uruguay).- El Frente Amplio responderá mañana a las acusaciones de corrupción en los casinos del Estado con una fuerte ofensiva hacia los negocios que desarrollaron los anteriores gobiernos en la materia.

El informe en minoría de la comisión preinvestigadora de la gestión de la Dirección Nacional de Casinos de la Cámara de Diputados -que será triunfante en el pleno por las mayorías parlamentarias del oficialismo- tira por la borda la posibilidad de que exista una “red de corrupción” detrás de las salas de juegos de azar, como denuncia el diputado nacionalista Jorge Gandini.

El texto fue elaborado por el diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) y lanza duras críticas, por ejemplo, al contrato celebrado en el año 2000 entre la Dirección general de Casinos y la firma Rondilcor S.A. para la explotación de una sala de juego en el Hotel Horacio Quiroga de Salto en régimen mixto.

El informe recuerda que la sala de juego se ubicaba a dos kilómetros de las instalaciones del hotel y a 15 kilómetros de la ciudad de Salto. “En estas condiciones, era obvio que iba a ser un negocio deficitario. Durante los cinco años que duró el contrato, el Estado perdió en términos netos, por cuanto lo que se recaudaba era menos que lo que se gastaba para el funcionamiento. Vale precisarlo, el contrato es del año 2000, no de la actual administración”, dice el texto.

Por otra parte, el informe hace referencia al acuerdo entre la administración y la empresa Tirley S.A. para instalar una sala en el Hotel Radisson de Colonia del Sacramento. Gandini había denunciado la “discrecionalidad” del director del área, Juan Carlos Bengoa, por no rescindir el contrato ante los incumplimientos de la firma, que debía acondicionar un establecimiento en 10 meses y lo hizo en 28.

“Uno tiene toda la sensación de que si el Estado hubiera optado por la rescisión del contrato, entonces se estaría solicitando una investigadora para averiguar por qué no se abrió un casino con tantas posibilidades de buen rendimiento. Cosa a esta altura sí, claramente demostrada, ya que ha sido un excelente negocio para el Estado”, señala el informe.

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