ara eso, aconsejaron que se tome como referencia lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires y plantearon la necesidad de que “incorporen en la futura reforma constitucional un texto idéntico al que se encuentra contemplado en el artículo 37 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, sancionada el 12 de septiembre de 1994”.
Guillermo Videla, Carlos Martínez y Dante Costa, dieron cuenta que ese apartado de la Carta Magna bonaerense sostiene: “Todos los habitantes de la provincia gozan del derecho a recibir, a través de políticas efectivas de acción social y salud, las utilidades producidas por los juegos de azar, debidamente creados y reglamentados por ley. La provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado federal, la administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos relativas a los mismos, existentes o a crearse. En tal sentido, esta Constitución no admite la privatización o concesión de la banca estatal, a través de ninguna forma jurídica. La ley que reglamente lo anteriormente consagrado podrá permitir la participación del capital privado en emprendimientos de desarrollo turístico, en tanto no implique la modificación del apartado anterior”.
Según dijeron los impulsores de la iniciativa, el tema ya ha sido expuesto a los legisladores provinciales de manera formal, aunque en contados casos han recibido respuesta, explicaron.
La preocupación, dijeron, radica en la necesidad de garantizar que las utilidades producidas por los juegos de azar continúen beneficiando a los sectores más desprotegidos, como ocurre actualmente.
En ese marco, instaron a la sociedad, y también a los trabajadores del Iafas, para que “nos acompañen en esta lucha destinada a proteger nuestros derechos, evitando que el juego se privatice y nos veamos de esa forma sometidos a la incertidumbre y al desempleo”.
