Presentan en el parlamento uruguayo un documento con las bases para la regulación de plataformas digitales

El Parlamento de Uruguay recibió un documento con las bases que permitirían el tratamiento de una regulación efectiva de las plataformas digitales de apuestas en el país. El documento, titulado “Bases para una regulación democrática de las grandes plataformas digitales en Uruguay”, fue elaborado por Observacom y Datysoc, con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la Unesco.

El diario El País accedió a dicho escrito, describiendo que “propone principios y lineamientos para un futuro marco normativo uruguayo" y cuyo fin sería “equilibrar el poder de las grandes corporaciones tecnológicas con garantías democráticas, promoviendo la libertad de expresión, la transparencia algorítmica, el debido proceso y la rendición de cuentas".

La propuesta fue desarrollada por una delegación multisectorial, que mantuvo diversas reuniones entre julio y septiembre de este año. Durante este período los participantes realizaron cuatro mesas sectoriales, recibiendo más de 120 aportes ciudadanos, incluyendo legisladores, periodistas, académicos, empresas, reguladores y organizaciones de la sociedad civil.

Del trabajo realizado surgen quince puntos que deberían ser la guía para cualquier regulación que los parlamentarios terminen por dictar. Entre ellos se destacan los siguientes:

• Establecer límites y controles democráticos sobre la moderación de contenidos de las plataformas.

• Exigir transparencia significativa y rendición de cuentas, incluyendo la transparencia algorítmica.

• Garantizar el derecho al debido proceso y a apelar decisiones de bloqueo o eliminación de contenidos.

• Asegurar el acceso a la Justicia nacional, permitiendo que usuarios uruguayos litigen en el país.

• Aplicar una regulación asimétrica, con obligaciones diferenciadas según el tamaño, impacto y poder de mercado de cada plataforma.

• Promover una institucionalidad regulatoria independiente y competente.

• Incorporar una perspectiva regional para armonizar regulaciones y fortalecer su aplicación en América Latina.

“La meta fue construir coincidencias sobre los principios fundamentales de una regulación democrática, más allá de las diferencias de enfoque”, destacaron desde la organización.