Desestiman una denuncia por la instalación de un bingo en Mar del Plata, Argentina

El fiscal de Delitos Económicos Juan Manuel Pettigiani, al desestimar una denuncia realizada hace dos años por el abogado Daniel Romeo contra el gobierno provincial y la Municipalidad de General Pueyrredón por permitir el funcionamiento del denominado "Bingo Puerto" a menos de 300 metros de donde funcionan escuelas y establecimientos religiosos, dada la trascendencia de su resolución no sólo envió copias a todos los funcionarios y magistrados relacionados con el tema, sino también a los precandidatos a gobernador en las elecciones de octubre.

La lista en cuestión es encabezada por el actual vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, a las que se suman los que ahora son diputados: Jorge Sarghini, Francisco De Narváez, Carlos Raimundi y Margarita Stolbizer.

Previo a tomar esta decisión, el integrante del Ministerio Público realizó un pormenorizado análisis de elementos de prueba y otras constancias: documentos, textos de leyes y reglamentos, jurisprudencia, además de recoger testimonios de quienes tienen responsabilidad sobre la aplicación de las disposiciones, tanto a nivel provincial como municipal.

El punto de partida de este concienzudo estudio fue la presentación que oportunamente realizara el nombrado letrado sobre la posible comisión, por parte de funcionarios de ambas jurisdicciones, del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Romeo sostuvo entre los fundamentos de su planteo que “por las terribles consecuencias que acarrea el juego, el cumplimiento del decreto 3384/04 (prohíbe establecer casas de juego a menos de 300 metros de establecimientos educativos, religiosos y los que tuvieran fines de asistencia social) debe ser estricto” y que “tanto el Instituto Provincial de Lotería y Casinos como la Municipalidad han violado normativas vigentes en desmedro de la población”.

A partir de esta denuncia, la Fiscalía dispuso una serie de medidas de prueba, comprobándose que un juez había dispuesto el traslado del bingo de marras. Además, el mismo abogado solicitó el cierre del local, medida que fue denegada tanto en primera como en segunda instancia, aduciéndose de que ese modo se afectaba una fuente de trabajo y que se podría subsanar mediante el cumplimiento de las normas legales.

Las pericias planimétricas certificaron que el mentado bingo estaba ubicado a menos de 300 metros de la capilla y colegio Sagrada Familia; el jardín maternal “Barcos de Papel”; la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días y la Escuela Técnica Nº 1.

Con respecto a las declaraciones testimoniales, una de las que depuso fue la encargada del departamento Bingo del Instituto, Andrea Wilde, quien señaló que corresponde a su jurisdicción “autorizar la apertura y el traslado de los bingos”.

Posteriormente, se comprobó que el bingo portuario, que tiene el número 36 está ubicado a estas distancias de las siguientes instituciones: templo mormón (260 metros); parroquia Sagrada Familia (300 metros): Escuela Técnica (180 metros) y Centro Cristiano “Buenas ondas de amor” (190 metros). Definitivamente, se llegó a la conclusión, con una medición conjunta entre los peritos de las partes que sólo estaban dentro del radio prohibido la Escuela Técnica 1 (225,20 metros) y el Centro Cristiano (235,80).

Por lo errores cometidos en las mediciones por parte de los inspectores actuantes, se les forma sumario disciplinario. Además el interventor del Instituto de Lotería y Casinos Franco Laport emitió un decreto que dispuso el corrimiento de la puerta del bingo a 180 metros de lo que es su acceso.

Con los elementos descriptos y otros que resultaría muy extenso enunciar, el fiscal Pettigiani analizó si los funcionarios actuantes están incursos en algún delito, como fueron denunciados.

Así expuso que los inspectores habían actuado de buena fe y las diferencias en las mediciones tenía que ver con los instrumentos utilizados; con respecto a la actuación del intendente local, su participación sólo había sido de responder a una consulta del interventor de Lotería. En cuanto a este último, el fiscal entendió que “actuó con error en el conocimiento del alcance de los instrumentos normativos que regulan la situación y de ciertos presupuestos fácticos” y que el mentado decreto 3656 se aplicó en la provincia a un solo caso: el del traslado del bingo Puerto, por lo que la norma no tenía bien delineados sus alcances.

Sin embargo, Pettigiani reconoció que “si bien el interventor no actuó con dolo, lo hizo en forma negligente, aunque el acto administrativo dictado (autorizar el bingo) sigue siendo irregular”.

Y en cuanto a las máquinas electrónicas de juegos de azar, la operación y la intervención del sector privado en este aspecto “es una decisión que los poderes públicos de la Provincia deben resolver dentro de sus respectivas facultades y será atribución del sistema político establecer los medios por los que los principios fijados por la Constitución se cumplan de la mejor forma”.