a audiencia, dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, fue solicitada por el diputado Alberto Feitosa (PR) y contó con la participación en la mesa y en las galerías de trabajadores ligados al juego, como el Sindicato de los Trabajadores de Bingos.
El tono de los discursos en la sesión fue uno solo: Pernambuco será perjudicado con la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), que colocó todos los juegos de azar no generados por la Caixa Económica Federal en la ilegalidad. La súmula vinculante (ordenanza de STF) sobre el tema, firmada el pasado 30 de mayo, comenzó a valer el pasado miércoles, cuando fue publicada en el Diario de Justicia. Esta ordenanza le da solamente al Ejecutivo el derecho de decidir sobre la legalidad de los bingos y juegos electrónicos, como tragamonedas, por ejemplo.
Las súmulas obligan a las instancias inferiores de la Justicia a seguir orientaciones y decisiones adoptadas por el Supremos, reduciendo el número de recursos y agilizando las decisiones. Su publicación puede cohibir nuevos amparos pro-bingo por el país. Buena parte de los bingos y loterías repartidas por Brasil vienen funcionando bajo recursos de amparo, colocadas bajo sospecha después de las operaciones Huracán y Jaque Mate, de la Policía federal, que mostraron las relaciones basadas en sobornos entre empresarios del sector y personas ligadas al poder Judicial.
Para los diputados pernambucanos, a pesar de todo, no se pueden mesclar las cosas. “Esto sucede básicamente en un único Estado (refiriéndose a Río de Janeiro). El juego aquí no es cosa de delincuente. Es cosa seria”, dijo, en un discurso agresivo, el diputado Augusto Coutinho (DEM). Terezinha Nunes (PSDB), a su vez, alertó que la no legalización de esos juegos sólo traerá más problemas. “Todo lo que va hacia la clandestinidad acaba surcando otros caminos, como el lavado de dinero”, afirmó, comentando también que el juego en Pernambuco acontece a las claras y que la súmula del STF sólo estorbará el control del Estado sobre las loterías.
Ninguno de los presentes, sin embargo, recordó lo obvio: sin apoyo de la Casa de Gobierno no habrá cambios, ya que una ley estatal no se puede imponer sobre una decisión federal. En su visita a la India, la semana pasada, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró que hay posibilidad de que los juegos sean legalizados en el país. En la práctiva, no obstante, se hace poca cosa en ese sentido.
Inconformes, los líderes sindicales ligados a la causa, luego de la audiencia, dijeron que irán a Brasilia junto con la moción. “Vamos a presionar, hacer lo que está a nuestro alcance”, dijo la presidenta de los trabajadores de bingos de Pernambuco, Débora dos Santos. La ilegalidad del juego en el Estado (lo que incluirá “el juego del bicho”), según los sindicalistas, desempleará a 30 mil personas en Pernambuco. Además otros 100 mil empleos indirectos dejarán de existir.
