De aprobarse el proyecto, quedarán eliminadas 32.000 máquinas privadas de videojuego que el Gobierno sustituiría con 15 mil nuevos terminales de vídeo.
“Lo que se está discutiendo hoy existe, hay máquinas de juego en todos los rincones de Puerto Rico”, dijo el gobernador, quien reconoció la legalidad de ese negocio pero destacó que será más fácil fiscalizar la videolotería y agregó que se beneficiarían tanto los comerciantes como el gobierno.
Aunque las críticas al proyecto no se hicieron esperar, en el orden de la adicción al juego que sufren muchos puertorriqueños, el secretario de la Familia, Félix Matos, se manifestó conforme: “si tú te opones a los juegos de azar, esta medida va en esa dirección, porque reduce lo que ya existe y aumentan los recaudos (del fisco)”, dijo.
Además, dividió a la población entre los que “sí pueden jugar de vez en cuando y no tienen problemas” y aquellos que crean dependencia y mencionó que con los segundos hay que trabajar. “Una adicción a los juegos es negativa y contra eso hay que luchar”, sostuvo, para plantear que más tarde “se puede pensar en legislación para atender todo el tema de los juegos de azar”.