El gobierno conocía por distintos rumores la existencia de estos dos minicasinos que funcionan en la ciudad de Santa Fe, pero cada vez que intentamos allanarlos y clausurarlos no pudimos hacerlo porque funcionan con un recurso de amparo aceptado por el Poder Judicial desde el año 1998".
Allí, mediante máquinas electrónicas se hacen a diario apuestas de ruleta y partidas de póquer. "Hay un expediente judicial abierto hace ocho años que habilita el funcionamiento de estas salas más allá de la disconformidad manifiesta del Poder Ejecutivo", sostuvo el ministro político de la gestión de Jorge Obeid.
Los dos casinos "ilegales" funcionan en los señoriales edificios del Club del Orden, ubicado en San Martín 1936, y el Círculo Italiano, de Hipólito Yrigoyen 2451, ambos en la zona céntrica de la ciudad capital. Los dos minicasinos están instalados desde 1998 y su concesionario es el mismo, Víctor Hugo Asteggiano.
De acuerdo a lo manifestado por Rosúa, en aquel año y "ante el conocimiento que se tenía en la policía del funcionamiento de las salas, se procedió a su clausura. Pero el señor Asteggiano presentó un recurso de amparo ante el juez de Sentencia número 4, Mauricio Frois, quien le permitió que sigan funcionando hasta la actualidad". Desde entonces, "cada vez que la policía intentó por órdenes superiores poner fin a esta actividad, el concesionario exhibió ese recurso judicial y por eso sigue adelante con su actividad".
En ese orden, el ministro comentó que "es tan amplia la resolución del juez Frois que hasta impediría que su par de Faltas, quien tiene injerencia en el tema del juego ilegal, pueda otorgar órdenes de allanamiento a la policía y mucho menos de clausura de los locales". Y recordó que "el último sábado -casi en forma paralela a la redacción de la nota que publicara este diario- el subsecretario de Seguridad (de la provincia, Gustavo Peters) y el subjefe de policía (comisario Jorge Carlos Pallavidini) se comunicaron con el juez de Faltas Héctor Valli para solicitar la clausura de los locales. Pero el magistrado les dijo que no podía hacer nada por que hay un recurso de amparo vigente".
No obstante ello, Rosúa adelantó que ya instruyó a la fiscal de Estado, Imgard Lepenies, para que "solicite un completo informe del expediente abierto a pedido del concesionario de los minicasinos (número 029753/98) para saber si el mismo fue oportunamente apelado por el gobierno provincial o si la Cámara de Apelaciones está en mora con la resolución del caso".
Es que ante el funcionamiento de las dos salas de juego prohibidas taxativamente por el Código de Faltas santafesino, la obligación del Estado hubiese sido apelar el recurso de amparo presentado por Asteggiano. En ese caso, técnicamente existen dos posibilidades: si la Cámara rechazó la apelación, el recurso se mantiene firme y el funcionamiento de las dos salas de juego sería "legal"; caso contrario, y como el recurso funciona con efectos devolutivos, los minicasinos siguen en actividad hasta tanto se resuelva la situación en el tribunal de segunda instancia.
"El Poder Ejecutivo tiene un límite en las apelaciones. Nosotros lo podemos hacer en primera instancia, pero si ahí no prospera y el gobierno entiende que hay una violación a una norma constitucional, la única salida que nos queda es plantear un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia" santafesina, agregó Rosúa.
Al analizar cómo un magistrado pudo hacer lugar a un recurso de amparo sobre algo que la ley prohíbe, Rosúa dijo que "si el concesionario de las salas planteó el recurso porque entendió que se le vedaba la posibilidad de ejercer un comercio, el juez puede haber considerado que la actividad no es ilegal y hasta declarar inconstitucional el Código de Faltas". Y aclaró que "eso lo sabremos recién mañana (por hoy) cuando la fiscal de Estado estudie el expediente y vea los pasos que se siguieron desde 1998".
Siguiendo con su línea de análisis, el ministro Rosúa manifestó que al Gobierno no se le escapa que en otros lugares de la provincia puedan funcionar salas similares, pero aseguró que "se está trabajando permanentemente en este sentido" y como muestra recordó que "en los primeros días de febrero fue allanada y clausurada una sala de juego en Firmat que no tenía ningún tipo de amparo para funcionar".
En otro orden, Rosúa sostuvo que próximamente, "cuando se habiliten los tres casinos que por ley van a funcionar en territorio santafesino (se instalarán en Melincué, Rosario y Santa Fe) ningún juez podrá amparar otro tipo de salas de juego. Esa será otra historia". Es que el concesionario de los futuros casinos "hará una inversión sumamente importante y tendrá derecho de exigirle a la provincia que se elimine la competencia desleal, por lo que los magistrados no podrán amparar más ese tipo de lugares".
Incluso, el ministro planteó la hipótesis de "conformar un cuerpo especial de inspectores, ajenos a la fuerza policial, para erradicar el juego clandestino que pretenda competir con los casinos que se habiliten".
Según el juez, para cerrar los casinos hay que probar que allí se hacen apuestas
“Habilité las salas de juego en 1994 porque en aquel momento no había ninguna disposición legal vigente que me lo impidiera. Tras ello, la Fiscalía de Estado no apeló la medida y la sentencia quedó firme". De esta manera, el juez de Sentencia número 4 de la ciudad de Santa Fe, Mauricio Frois, defendió los recursos de amparo que libró a favor del propietario de los dos minicasinos que funcionan en la capital provincial hace más de una década.
Asimismo, el magistrado desligó su responsabilidad de contralor sobre las apuestas de dinero que se realizan en los garitos. "El Poder Judicial no tiene ninguna responsabilidad sobre ello, entiendo que tendría que actuar el Poder Ejecutivo", sostuvo. Al mismo tiempo, el juez de Faltas de la capital provincial, Héctor Valli, informó que "a pesar de la habilitación, lo que se prohíbe es la apuesta, y en ese caso habría que probar que las mismas se realizan".
Ayer el juez Mauricio Frois recordó que "en 1994 dos señores, de apellidos Asteggiano y Funes plantearon un recurso de amparo para habilitar la instalación de máquinas de video póquer. Medité la situación, pensé que tenían razón e hice lugar al pedido. Luego se instalaron las máquinas y desde entonces no hubo ninguna otra resolución".
Respecto de las apuestas que se realizan en ambos minicasinos, Frois sostuvo que cuando a él se le planteó el amparo "todavía no estaba reglamentado este tipo de juegos" y aseguró que por eso "la Fiscalía de Estado no apeló y la sentencia quedó firme". Al fundamentar la habilitación de las salas, el juez de Sentencia expresó que "en aquel entonces no había normativa vigente, era una manifestación más de la libertad de trabajo" e irónicamente sostuvo que "está abierta la posibilidad de que el que no quiera jugar no lo haga, el amparo no obliga a nadie".
Sin embargo, el juez dijo desconocer que en el lugar se hagan apuestas por dinero. "Yo hice lugar al amparo porque no se daba lugar a la pérdida o ganancia de dinero", dijo el magistrado. Aunque reconoció que, de ser así "es responsabilidad del Poder Ejecutivo" y que "si se comprueba que se apuesta dinero se podrían cerrar los casinos".
En esa línea de pensamiento, el juez de Faltas Héctor Valli, sostuvo que "si las máquinas se usan bien y para entretenimiento no hay ningún problema", pero explicó que "en caso contrario debería probarse qué es una apuesta. Yo sé que nadie juega si no es para ganar, pero si empiezo a colocar policías al lado de cada máquina, en alguna medida ejerzo un abuso de autoridad".
Finalmente, Víctor Hugo Asteggiano, concesionario de las salas de juego, reconoció que tiene un amparo desde 1994 y que las máquinas son de su propiedad.
