urante la audiencia hubo además un intento fallido de que el juez anulara la votación que celebraron los representantes de los bonistas y que ganó su plan para vender los activos al Grupo Camarero, y a pesar de que la audiencia se extendió durante todo el día, no se entró en la discusión de la moción de los bonistas para que se confirme su plan y se materialice la mencionada venta.
Los planes de reorganización que se discutieron fueron los de Puerto Rico Horses Race Track en su sociedad con los actuales propietarios de la empresa en quiebra, Housing Development Associates (HDA), y el que presentó Caribbean Thoroughbred Racing.
La discusión del primero tomó toda la mañana de ayer, mientras que el segundo, que pareció tener mayores problemas, se debatió durante parte de la tarde. Lo que se debate en el tribunal en torno a estos dos planes es si se autoriza su divulgación a los acreedores para una eventual votación.
Hasta ahora el único plan cuya difusión fue aprobado y sobre el cual ya se votó es el que propusieron los bonistas y que está sujeto aún a confirmación por el tribunal. Los dos planes presentados ayer fueron objetados por el Departamento de Hacienda y por los representantes de los bonistas, quienes levantaron sobre 60 objeciones al contenido y las propuestas en cada uno de ellos.
En el caso de Hacienda la objeción principal fue que no se reconoce el total de la deuda que reclama dicha agencia a la empresa en quiebra. Las múltiples objeciones de los bonistas incluyeron la clasificación de las clases de acreedores, la distribución de los pagos propuestos a cada clase, la claridad y corrección con la que se explican las ofertas y la reorganización que se propone a los acreedores y el hecho de que ninguno de estos proponentes tiene una licencia aprobada por la Junta Hípica para operar el hipódromo.
En el caso del plan de Caribbean provocó amplio debate y preguntas del magistrado la afirmación de que el financiamiento estaría disponible para la compra aun si no obtienen una licencia para operar El Comandante. A preguntas del juez Enrique S. Lamoutte, el abogado de Caribbean dijo que en caso de ganar el favor de los acreedores, pedirían al tribunal que extienda por tiempo adicional e indefinido el interdicto provisional que mantiene en la administración del hipódromo a El Comandante Management Co. (ECMC).
Esa pretensión no pareció agradar al magistrado y fue enérgicamente rechazada por los bonistas. El intento por que se descartara el plan propuesto por estos últimos y se anulara por tanto la votación que lo favoreció lo presentó el Comité de Acreedores No Asegurados. Éstos, por voz de su abogado Michael Rochelle, argumentaron que los bonistas no son acreedores de ECMC y que por tanto hicieron una representación falsa en su plan y en la votación.
El alegato fue que si bien los bonistas tienen reclamos legítimos como acreedores asegurados sobre HDA y El Comandante Capital, no tienen el mismo derecho sobre los activos de ECMC, que funcionó como un arrendatario de HDA para la operación del hipódromo aunque ambas tienen el mismo propietario.
El juez Lamoutte determinó que los bonistas no son acreedores asegurados de ECMC, pero que sí son acreedores y tienen reclamos legítimos contra esa subsidiaria en este proceso de quiebra.
Las implicaciones de esa determinación varían según el lado en la disputa. Los que se oponen al plan de los bonistas predicen que el juez ordenará enmendar el plan y realizar una nueva votación. Portavoces de los representantes de los bonistas confían en que eso no ocurrirá y aseguran que esa determinación no cambia nada en su plan.
Lamoutte, mientras tanto, se propone seguir adelante con la audiencia mañana jueves y entrar a discutir la moción para que se confirme el plan de los bonistas con la venta a Camarero. Este proceso podría extenderse por varios días más, se adelantó.
