l informe de 166 páginas deberá ser sometido aún a otra votación para discutir enmiendas propuestas por algunos legisladores, dijo el senador José Agripino Maia, uno de los 15 miembros de la comisión especial que investiga desde junio de 2005 la posible utilización de casas de juegos de bingos para delitos como lavado de dinero, entre otros.
Agripino, en declaraciones difundidas por la cadena radial CBN, dijo que el documento final podría ser votado la próxima semana. Según el texto, recomienda abrir juicios por delitos como "formación de cuadrilla" y "corrupción pasiva", entre otros, a 34 personas, entre ellas a Rogerio Buratti y Wladimir Poleto, ex asesores del actual ministro de Hacienda, Antonio Palocci, así como a Jorge Mattoso, actual presidente de la entidad que dirige el sistema nacional de loterías en Brasil, de acuerdo con el texto del informe divulgado en el sitio de internet del Senado.
En caso que el informe final sea aprobado, pasará al Ministerio Público que decide si abre o no los juicios por delitos que pueden acarrear hasta 12 años de prisión por "corrupción pasiva", o solicitar o recibir beneficios indebidos.
El reporte de la comisión se basa en testimonios prestados por algunos de los implicados en el caso, aunque ninguno de ellos ha admitido ni haber pedido ni haber recibido sobornos de la multinacional estadounidense para facilitar la renovación del contrato, según la denuncia periodística que provocó el escándalo a comienzos de 2004.
Sin embargo, para el redactor del informe, senador Garibaldi Alves, el contrato sufrió a lo largo de los últimos años "frecuentes violaciones" y pide que se anule a partir de mayo próximo. Las denuncias sobre supuestas irregularidades en el contrato de la Caixa Económica Federal, banco del estado que maneja el sistema de loterías, y Gtech surgieron a comienzos de 2004. Pero, el gobierno en aquél entonces logró bloquear la conformación de un comité legislativo de investigaciones del caso en el Congreso.
Sólo fue hasta comienzos de 2005, al surgir otras denuncias de corrupción en el seno del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que la oposición logró conformar la comisión para investigar tanto el tema de las casas de juego como el contrato de Gtech, el último renovado en mayo del año pasado por un período de 12 meses.
En mayo de 2005, Gtech dijo que el contrato con la Caixa Económica representaría unos 85 millones de dólares en ingresos.
