Ayer venció el plazo para que los dueños, representantes o administradores de discotecas, restaurantes, bares, tiendas, farmacias y demás locales que estén explotando, directa o indirectamente, máquinas tragamonedas u otros juegos en los que intervenga el azar, los retiren de esos locales.
Esa disposición se sustenta en el Decreto Ejecutivo 355 publicado en el Registro Oficial nro. 77 del pasado 8 de agosto. La resolución firmada por Alfredo Palacio reforma el Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo. La norma estableció que en el plazo de 30 días, contados a partir de la publicación de la reforma en el Registro Oficial, se deben retirar las máquinas tragamonedas u otros juegos en los que intervenga el azar.
No obstante, la aplicación de la norma ha generado una pugna entre la Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador (Ascabi) y la firma Invermun, que tiene el apoyo del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (Cedhus). El presidente de Ascabi, Aston Lowndes, defiende la norma, pero el representante de la Cedhus, Francisco Zambrano, la rechaza. “Invermun tiene varias salas de juego en el país y agrupa a unos 1.500 trabajadores, una parte de ellos, son discapacitados”, explica Zambrano.
El intendente de Policía, Mauricio Riofrío, indicó que hoy prevé reunirse con funcionarios del Ministerio de Turismo e iniciar posiblemente desde mañana los operativos de incautación de tragamonedas.