a firma IVISA cederá la exclusividad del manejo del juego de azar en la provincia y el gobierno licitará la construcción de otro hotel casino cinco estrellas en el Gran San Juan, además de licitar nuevas salas de juego en los departamentos alejados. A cambio, IVISA conservará el manejo de las salas de bingo y tragamonedas en la esquina de Mendoza y Mitre, y en los departamentos de Rawson y Caucete, hasta el 2016, en las mismas condiciones que en la actualidad. Este contrato se agotaba en el 2011.
El acuerdo fue presentado en sociedad ayer por el propio gobernador José Luis Gioja en conferencia de prensa, acompañado por un alto representante de IVISA, Darío Roserzvit. Fue el resultado de dos meses de una ardua negociación para que la empresa declinara su reclamo judicial contra el gobierno, en rechazo de una auditoria sobre el contrato que podía afectar las condiciones acordadas en el 2002 con la gestión anterior.
La negociación fue comandada por el presidente de la Caja de Acción Social, Guillermo Ruiz Álvarez, y la asesora letrada de Gobierno, Mara Alcoba, por expresa instrucción de Gioja. La premisa oficial era que la provincia salga ganando y que el casino se mude del vecindario de la Legislatura y del Centro Cívico.
“Nosotros tenemos en este momento en San Juan ciento cuarenta y pico empleados, tenemos un negocio funcionando y si bien era posible invertir en otra provincia con condiciones más ventajosas, la realidad es que nosotros tenemos un negocio en marcha. Y en determinado momento es difícil pleitear contra el Estado. Y entendimos que era la negociación posible, no la mejor negociación”, dijo el vocero de IVISA, Darío Roserzvit.
El conflicto judicial entre el gobierno e IVISA se remonta al mes de abril, cuando el presidente de la Caja dio a conocer una auditoria sobre la renegociación del contrato que se produjo en el 2002, cuando Enrique Conti era el ministro de Economía. Por esa renegociación el contrato que debía terminarse en el 2006 fue prolongado hasta el 2011.
El objetivo de la auditoria encarada por el funcionario era descifrar si la operación fue un buen negocio para el Estado o, por el contrario, ocasionó un perjuicio fiscal. En esta segunda hipótesis, lógicamente el gobierno quedaba en condiciones de repactar el contrato.
Inmediatamente conocida la auditoria, IVISA demandó al Estado porque entendía que la gestión actual estaba afectando derechos adquiridos de la empresa. La extensión del contrato había sido una compensación para la firma por el desequilibrio ocasionado por la devaluación.
En abril, el juez del Quinto Juzgado en lo Civil, Carlos Macchi, ordenó la suspensión de la auditoría, en respuesta al planteo de IVISA sin expedirse sobre el asunto de fondo. Fue una simple medida cautelar, que fue apelada por la Fiscalía de Estado. IVISA elevó la apuesta al iniciar un proceso contencioso administrativo (juicio por daños y perjuicios).
Tras dos meses de tensa negociación con los representantes de IVISA, el 22 de agosto ambas partes firmaron un "convenio transaccional" por el cual la empresa desiste de todas las acciones y demandas. El paso restante es su aprobación por ley de la Cámara de Diputados. Por esta negociación, en el Gran San Juan quedarán dos hoteles de 5 estrellas, como no hay en la actualidad en la provincia, según dijo el gobernador. Uno, propiedad de IVISA. El otro, de quien gane la licitación que hará el gobierno y cuyo atractivo económico será el casino, ahora que IVISA no tiene la exclusividad del manejo de los juegos de azar.
Desde la homologación en la Justicia empiezan a correr los plazos del convenio. Se empiezan a contar los 24 meses para que IVISA construya la primera etapa del hotel-casino de 5 estrellas con las primeras 60 habitaciones. La segunda etapa será la construcción de las 40 habitaciones restantes en un plazo no mayor a 12 meses.
“En total, el hotel deberá tener 5.000 metros cuadrados, según consta en el convenio. La inversión rondará los 30 millones de pesos”, dijo Roserzvit. Cumplida esa primera etapa, que incluye el desalojo del Casino del Parque y la restitución del edificio a la provincia, correrá el plazo de 20 años durante los cuales IVISA opera las máquinas electrónicas, en tanto que los juegos de paño seguirán a cargo del Estado, como así también las tesorerías.
