Edición Latinoamérica
20 de Agosto de 2019

Cirsa asegura que esa medida muestra la “incompetencia” del juez

Argentina: La Justicia ordenó clausurar el Casino Puerto Madero

(Argentina).- El juez Roberto Gallardo avanzó en sus actuaciones y tras realizar el lunes allanamientos para comprobar si se está construyendo un segundo barco casino en la ciudad de Buenos Aires, ordenó al gobierno porteño clausurar la sala que hoy opera Cirsa en Puerto Madero y regularizar la explotación de tragamonedas en el Hipódromo de Palermo.

L

a justicia porteña emplazó al Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, a que dentro de las 48 horas clausure el casino flotante que opera la firma española Cirsa en Puerto Madero. Paralelamente, lo denunció penalmente por abuso de autoridad y violación de sus deberes de funcionario, al sostener que mediante el convenio firmado con el gobierno nacional reconoció derechos sobre la explotación de los juegos de azar, cuando esa facultad a su juicio le está reconocida a la Ciudad por la Constitución porteña.

El juez en lo contencioso administrativo Roberto Gallardo también decidió declarar inconstitucional ese convenio y anular la ley que votó la Legislatura porteña convalidándolo.

El gobierno de la ciudad tiene ahora cinco días para recurrir el fallo, que con la sola apelación queda suspendido en sus efectos. La empresa Cirsa, operadora del casino flotante, adelantó que se presentará ante la justicia federal para impedir que la resolución se concrete, porque no le reconoce al juez porteño competencia ni jurisdicción para decidir sobre el tema, porque el barco está en el puerto, considerado territorio federal y no de la ciudad de Buenos Aires.

Gallardo emplazo además a que en 48 horas, la Ciudad regularice la situación del hipódromo de Palermo, ya que consideró que ese predio fue concesionado para que corran caballos de carrera y no para el funcionamiento de máquinas tragamonedas. Con la intención de que la Legislatura analice la conducta de Ibarra, envió a aquélla una copia del fallo, pero esa medida difícilmente prospere dado que muchos de esos diputados son los mismos que refrendaron por medio de una ley el convenio, declarado ahora inconstitucional.

El juez Gallardo refutó los argumentos del casino, en su resolución al sostener que tanto el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad como la Constitución porteña, reconocieron al distrito su competencia para decidir sobre los juegos de azar. También lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo citado por el juez, que lleva la firma de seis de los nueve magistrados del alto tribunal.

También explica que tiene facultades para decidir sobre la embarcación porque, a pesar de que está en el río, considera que es parte del territorio porteño y que las instalaciones allí establecidas deben responder ante la Ciudad por su actividad comercial, además de hacerlo ante la autoridad portuaria. El juez criticó duramente el convenio suscripto en 2003 entre Lotería Nacional y el Instituto del Juego de la ciudad de Buenos Aires, por considerarlo contradictorio en sus artículos. Pone como ejemplo un inciso que dice que sólo podrán habilitarse nuevos juegos con la previa conformidad de ambas partes, mientras que el siguiente establece que la Lotería no autorizará ni admitirá la instalación de nuevas salas de bingo, casinos o tragamonedas.

Mediante el convenio ahora cuestionado, la Ciudad y Lotería Nacional se reparten la mitad de las ganancias del juego por un período de transición de cuatro años, con el argumento de que el gobierno de la ciudad prefería percibir dinero ahora antes que no recibir nada, mientras se discutiera en la Justicia sus pretensiones. En los anexos del convenio se autoriza al casino a abrir una nueva sala.

El juez Gallardo informó además que propiciará una investigación penal y política sobre Ibarra. "Mínimamente por desprolijo, ilegal, inconstitucional, incoherente y ruinoso para la Ciudad -y en una hipótesis no descartable por poder configurar un hecho de corrupción de dimensiones inusitadas- el convenio en tratamiento merece que la Legislatura investigue responsabilidades políticas en su génesis y sancione a quienes lo han gestado, concebido y concluido".

Cirsa aseguró ayer que el Casino Puerto Madero no fue clausurado y que Casino Buenos Aires S.A. (la firma operadora que creó el grupo español para su operación en la Argentina) no fue notificada de ninguna resolución judicial, y opinó que la misma fue dictada "con manifiesta incompetencia de la jurisdicción federal". Mediante un comunicado, el casino sostuvo que la clausura ordenada por el juez no puede ser cumplimentada por la Ciudad. Aníbal Ibarra indicó, por su parte, que una medida cautelar de la justicia federal le impide clausurar el casino.

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