Fallo judicial a favor de TAM S.A.

Anulan licitación de obras del Casino de Mendoza

24-03-2004
Tiempo de lectura 2:15 min

Un fallo judicial declaró nula la licitación de las obras de ampliación y refacción del Instituto de Juegos y Casinos, que el año pasado fueron adjudicadas a la empresa mendocina OHA Construcciones SRL, firma que ya ha realizado el 70% del trabajo por un contrato cercano a los 3.5 millones de pesos (casi 1.2 millones de dólares).

La noticia generó un notable revuelo en los pasillos del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas provincial, cuando ayer por la mañana trascendió la información y alertó a las autoridades del Casino, que temían que la decisión judicial afectara la marcha de las obras del edificio de San Martín y Brasil, que concluirán en junio.

No obstante al mediodía, el presidente de esa institución, Miguel Alonso, confirmó que las obras seguirán su curso y que la Provincia apelará el fallo de la Tercera Cámara Civil ante la Suprema Corte.

La abogada Alejandra Lanci aclaró que la Asesoría de Gobierno está trabajando en un nuevo recurso de apelación que será presentado la semana próxima. “No puedo adelantar nada, sólo que interpondremos un recurso extraordinario ante la Suprema Corte porque entendemos que la resolución (de la Comisión de Adjudicación del Ministerio de Obras) no es ni arbitraria ni ilegítima”, subrayó.

Este es el segundo golpe legal que los representantes de la firma cordobesa TAM SA, la que se presentó a la licitación con la oferta económica más baja, le asestan al intrincado proceso licitatorio de las obras del Casino oficial de Mendoza.

En el 2003, interpusieron una medida cautelar, que fue rechazada por el Juzgado Civil Nº24 que conduce la jueza María Eugenia Ibaceta. Sin embargo arremetieron nuevamente y los camaristas civiles Alberto Luis Staib, Julio Garrigós y Norma Barrera le dieron lugar al recurso de amparo por evaluar que el proceso licitatorio estuvo viciado de “ilegalidad y arbitrariedad manifiesta” y que fue violatorio del artículo 12 de la Ley de Obras Públicas.

Los magistrados argumentaron que la Comisión de Preadjudicación del ministerio actuó “arbitrariamente” al modificar el presupuesto original de 3 millones de pesos con posterioridad a la presentación de los pliegos -el monto se llevó a 3,5 millones de pesos- concretando una “evidente violación al artículo 12 de la ley 4.416”.

Si bien esta resolución judicial no implica en lo inmediato un perjuicio económico para la Provincia, deja abierta una brecha de conflicto entre el Gobierno y las empresas oferentes, que podría desembocar en acciones legales por varios miles de pesos por parte de estas últimas.

El ex director de Administración de Contratos de Obras Públicas Ricardo Tomba, uno de los funcionarios más involucrados en el proceso de licitación, dijo estar “asombrado” al conocer las últimas noticias. “Me llama mucho la atención. No entiendo cómo los camaristas pudieron dar lugar a esto cuando en primera instancia la jueza había rechazado el amparo y nos autorizó a comenzar con las obras”, declaró.

Por su parte el presidente de Juegos y Casinos, Miguel Alonso, despegó a la institución de cualquier responsabilidad ligada a la adjudicación.“El Casino ha sido ajeno a todo este proceso licitatorio, nosotros sólo nos encargamos de pagarle a la empresa y de controlar cómo va la obra. Lo único que puedo decir es que en aquel momento hubo muchos argumentos para desestimar la oferta de la empresa TAM, ya que sus condiciones financieras no eran seguras”, recordó.

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