Conflicto legal entre casinos de Punta del Este

La empresa Vidaplan S.A, resposanble de la explotación del flamante Hotel Cipriani Resort Spa & Casino en Punta del Este demandó al Conrad Resort & Casino, propiedad de Baluma S.A., por un monto superior a 13 millones de dólates al entender que esta última firma incumplió un contrato que ligaba a ambas partes.

Según señala el diario El País en su edición de hoy, Vidaplan había firmado un acuerdo con Baluma por el cual esta empresa se comprometía a operar la sala de casino que funcionaría en el hotel Cipriani. Sin embargo, en enero de 2002, Baluma informó que pese a que ya se contaba con las correspondientes autorizaciones del Ministerio de Economía y Finanzas desistía de operar la sala de Cipriani argumentando que la situación regional dificultaba el éxito del proyecto.

Vidaplan entiende que esta situación le generó un perjuicio muy importante porque se vio obligada a que la sala de casino fuera operada por la Dirección Nacional de Casinos en condiciones no tan beneficiosas como las acordadas originalmente con Baluma.

El contrato que Baluma firmó con el Estado señala que la empresa tiene derecho a explotar un casino y establece que no será autorizada otra sala de juegos similar en Punta del Este y zonas cercanas a menos que los interesados estén en condiciones de realizar una inversión igual o superior a la efectuada por el grupo mencionado.

El Estado llamó en marzo de 2001 a una licitación para detectar si existía algún otro posible interesado en instalar un casino privado que cumpliera esas condiciones y al declararse el llamado desierto, quedó libre el camino para que Baluma operase la sala del Cipriani.

Tras el desistimiento de Baluma, Vidaplan tomó la decisión de abrir un compás de espera y luego de buscar una conciliación. Ante el fracaso de estas instancias, la empresa optó por comenzar acciones judiciales.

Fuentes cercanas a este grupo recordaron que el contrato entre Baluma y Vidaplan ya tenía el aval del Tribunal de Cuentas de la República, lo que alentó la expectativa del grupo inversor italiano de poder contar con la sala de juegos, que es fundamental para asegurar rentabilidad al emprendimiento. Agregaron que el cambio de autoridades en Baluma verificado a mediados de 2001 y los posteriores desencuentros entre los accionistas de ese grupo no se pueden vincular con el desistimiento de cumplir el contrato.

"Incluso en las conversaciones con Baluma luego de que desistiera de cumplir el contrato sus representantes reconocieron que se había verificado un incumplimiento", dijeron las fuentes al diario uruguayo.

El juicio es ordinario y como tal es probable que dure al menos un año. Felipe Lussich, abogado de Baluma S.A, dijo que la empresa aún no ha sido notificada formalmente del comienzo de la acción por lo que evitó hacer comentarios al respecto.