Evert Montero: “Nuestra posición es clara, el sector está dispuesto a tributar, pero no bajo esquemas improvisados”

El sector del juego en Colombia atraviesa nuevamente un momento de incertidumbre, tras conocerse el nuevo Decreto 0240 de 2026, en el que el Gobierno de Gustavo Petro incorporó una tasa de 16% de impuesto al consumo para las apuestas que se realizan en plataforma digitales.

Si bien la normativa ahora introdujo que la base gravable está constituida por los ingresos brutos del juego (GGR), también determina que los responsables del impuesto consumo por este concepto son “quienes operen juegos de suerte y azar por internet", lo que para los gremios y empresas del sector, es una gran inconsistencia.

En entrevista exclusiva con Yogonet, Evert Montero, presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), explicó por qué se trata de una falla estructural, las propuestas que se podrían analizar para que el sector tribute, y presentó un breve resumen de la reciente GAT Expo Cartagena 2026.

¿Cómo evalúa el gremio el impacto que tendría el nuevo impuesto del 16% al juego online sobre la sostenibilidad y competitividad del mercado regulado en Colombia? 

Desde Fecoljuegos vemos esta medida con una preocupación profunda, no solo por la tarifa, sino por su diseño técnico y su coherencia jurídica. El Decreto 0240 de 2026 crea un Impuesto Nacional al Consumo del 16% para los juegos operados por internet, pero introduce una inconsistencia estructural al definir como hecho generador el depósito del usuario, mientras que simultáneamente establece como base gravable el GGR, es decir, las apuestas menos los premios pagados. 

Aunque se presenta como un impuesto al consumo, en la práctica el obligado es el operador y la base corresponde a su ingreso, lo que evidencia una contradicción técnica sobre quién soporta realmente la carga.

Esta mezcla genera incertidumbre jurídica y operativa, agravada por inconsistencias adicionales dentro del mismo paquete normativo, donde se proyectan ingresos por IVA del 19% mientras se establece un impuesto al consumo del 16%.

A esto se suma un elemento aún más delicado, y es que se retoman figuras similares a cargas previamente suspendidas por la Corte Constitucional bajo un nuevo esquema, lo que abre un debate de fondo sobre seguridad jurídica. El problema no es pagar impuestos, sino hacerlo bajo esquemas mal diseñados que terminan afectando la sostenibilidad del mercado regulado, desincentivando la inversión y favoreciendo la ilegalidad. Por eso insistimos en la necesidad de construir un modelo técnico, coherente y con mecanismos de transición que garanticen estabilidad y competitividad.

¿Es positivo para la industria el hecho de que el nuevo impuesto tenga como base el GGR? 

Reconocer el GGR como referencia es un avance conceptual importante, porque se acerca a la lógica real del ingreso del operador. Sin embargo, no puede verse como una solución completa, sino como un punto de partida que debe articularse correctamente con el hecho generador, los costos operativos y el resto de las cargas que enfrenta el sector.

Si esa integración no se da de manera técnica y coherente, el resultado puede ser una estructura que no refleje la realidad económica de la actividad. Desde el gremio no se está promoviendo una fórmula única, sino un proceso de construcción conjunta que permita definir un esquema sostenible, equilibrado y alineado con la dinámica del mercado legal en el largo plazo.

¿Qué alternativas o ajustes propondría el gremio al Gobierno para garantizar la sostenibilidad fiscal sin afectar el desarrollo del ecosistema legal del juego online en el país?

Nuestra posición es clara, el sector está dispuesto a tributar, pero no bajo esquemas improvisados. El problema no es únicamente la nueva carga, sino la acumulación de obligaciones sin una estructura integral que las articule. Hoy conviven derechos de explotación, IVA, impuesto al consumo y exigencias regulatorias, sin un modelo que permita evaluar su impacto conjunto.

Por eso proponemos avanzar hacia un esquema basado en un indicador real de sostenibilidad, que incorpore variables como la elasticidad de la demanda, el comportamiento del usuario y el riesgo de migración hacia la ilegalidad. Sin estos elementos, cualquier diseño tributario queda incompleto. Se requiere una visión técnica que permita equilibrar recaudo, competitividad y permanencia del mercado legal.

¿Consideran que esta medida podría incentivar la migración de jugadores hacia plataformas ilegales o no reguladas? ¿Qué evidencia o antecedentes respaldan esa preocupación?

La ilegalidad no es solo una consecuencia, es un factor estructural que debe ser controlado de manera efectiva para garantizar condiciones de competencia justa. Cuando la carga sobre el operador regulado aumenta sin un control equivalente sobre el mercado ilegal, se genera una distorsión que incentiva la migración de usuarios hacia plataformas no autorizadas.

Esto tiene efectos directos sobre el recaudo, la financiación de la salud, la protección del jugador y la trazabilidad de las operaciones. Por eso, cualquier medida tributaria debe ir acompañada de una estrategia sólida de control a la ilegalidad, porque de lo contrario el resultado puede ser contrario al objetivo de fortalecer el mercado formal.

Por último, ¿cuál es el balance del reciente GAT Expo Cartagena donde Fecoljuegos lideró la agenda académica?

GAT Cartagena fue un espacio clave para abordar de manera técnica y abierta los principales desafíos de la industria, especialmente en temas de regulación, sostenibilidad y política tributaria. La agenda académica fue liderada por Fecoljuegos y contó con la participación de reguladores internacionales, expertos y actores relevantes del ecosistema, lo que permitió un análisis comparado y una discusión de alto nivel.

Este año, además, se contó con la presencia de la Procuraduría General de la Nación, en cabeza del señor Procurador General Gregorio Eljach Pacheco, lo que le dio un peso institucional muy importante al evento. También participaron reguladores de jurisdicciones como Nevada, Honduras y Argentina, así como el presidente de la DIMAYOR, entre otros actores clave.

Fue un escenario determinante para discutir el rumbo del sector, no solo desde la perspectiva tributaria, sino desde la necesidad de construir una política pública coherente, técnica y sostenible que garantice el desarrollo de la industria en el país.