Fecoljuegos advierte que el nuevo impuesto al juego online tiene “grandes inconsistencias”

Tras la expedición del decreto 0240 de 2026 del Gobierno colombiano el pasado 12 de marzo, en el que se incorporó un impuesto al consumo con una tasa de 16% para las apuestas en plataforma digitales, la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), manifestó que la medida tiene “grandes inconsistencias”.

En declaraciones al medio Semana, Evert Montero, presidente del gremio, afirmó que en el decreto, el hecho generador del impuesto es el “depósito que hace el usuario en su cuenta, pero al mismo tiempo se fija como base gravable el ingreso real del operador, es decir, las apuestas menos los premios”.

Esta mezcla, según Montero, “no solo genera una incertidumbre jurídica y operativa, sino que, no se entiende cómo se hizo y con qué consideraciones técnicas”.

Además, aseguró que los participantes de negocios de apuestas en línea se encuentran desconcertados y preocupados, pues los dos decretos emitidos el mismo día tienen “grandes inconsistencias”, dado que el que se refiere a la adición presupuestal, el 0241, proyecta ingresos provenientes del IVA del 19% en juegos en línea, mientras que el 0240 habla de un impuesto al consumo del 16%.

“Es una diferencia muy compleja que no es menor y muestra que el diseño normativo fue muy mal concebido, que no hay conocimiento de la industria y ni siquiera de las decisiones que se están tomando”, indicó.

Asimismo, remarcó que el gobierno actual retomó un impuesto que está suspendido y en revisión por la Corte Constitucional, luego de que el alto tribunal postergó provisionalmente el decreto 1390 de 2025 en el que había ordenado emergencia económica y social para completar el presupuesto de 2026. Con dicha suspensión, también quedó sin efecto el decreto legislativo 1474 de 2025 que contemplaba la imposición del IVA del 19% a los ingresos brutos del juego online. Para Fecoljuegos, mantener el impuesto, es “buscarle el esguince al Alto Tribunal”.

Beneficio a la ilegalidad

Otro aspecto que alertó Montero es que los nuevos gravámenes a los juegos de suerte y azar solo llevarán a incrementar la ilegalidad. “Al no darles las garantías competitivas a una industria que está entre las más controladas en el país, se abre aún más la puerta a la ilegalidad”, afirmó.

“Los operadores legales no tienen hoy en día garantías para desarrollar su actividad. La vena rota de este sector está en las apuestas ilegales que el Gobierno ha sido incapaz de controlar”, dijo el vocero del gremio de juegos y azar.

En su pronunciamiento, manifestó que se utilizan las pasarelas de pago para mover todos esos dineros de las apuestas ilegales y, pese a las reiteradas solicitudes de Fecoljuegos para que haya un control más contundente, no ha habido resultados.

Por todo ello, a Montero le resulta preocupante que, “por hacer un recaudo con unas medidas tributarias que son más de carácter político, lo que están generando es que se ponga en riesgo la sostenibilidad de la actividad”.

A su vez, aclaró que en el país se sigue hablando de que las apuestas en línea mueven COP 45 billones, pero que esta cifra no es real, teniendo en cuenta la mecánica de la industria que opera sin dinero real y los juegos que hacen los jugadores. Según las cuentas que, a juicio de Montero, son las reales, el dinero depositado por apuestas es de alrededor de COP 7,9 billones, que es el que se rejuega hasta 6 veces, lo que podría estar explicando la cifra que se ha mencionado, de COP 45 billones (7.9x5 o 6).

También detalló que, por norma, debe hacer un retorno del dinero apostado, lo que llega hasta el 95%. “Eso quiere decir que los ingresos reales de la industria están en alrededor de COP 2,7 billones. A ellos hay que restarles las tributaciones, los gastos de funcionamiento, operativos, publicidad. Todas las cargas impositivas. Y al final, queda un margen del 3%, que es la ganancia real de la industria”.

Montero aseguró que se trata de una industria de volumen y cualquier cambio en la estructura financiera puede afectarla grandemente, de ahí que solicita al gobierno encontrar un punto de equilibrio, de manera que las normas definidas le sirvan al recaudo, pero a la vez, garanticen la continuidad de la operación. 

Finalmente, advirtió que de no tomar decisiones informadas, se podría llegar al peor de los escenarios y es que la actividad migre en su totalidad a la ilegalidad. “En ese caso no habrá recursos para la salud, ni para decretos de emergencia, ni empleo, ni un sector ayudando a dinamizar la economía”, concluyó.