El 4° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por la Polla Chilena de Beneficencia contra las empresas proveedoras de servicios de procesamiento de pagos, conocidas como PSP, que ofrecen sus servicios a las plataformas de apuestas online que operan en Chile.
La resolución judicial permite que los antecedentes del caso sean remitidos al Ministerio Público para que inicie la investigación penal contra las personas naturales que actúan como representantes de las empresas ALPS SpA, Nuvei Chile SpA, Pronto Pago SpA, Kushki Chile SpA, Inversiones y Asesorías Integral Solutions SpA (Pagadoor), y Khipu SpA.
La querella de la Polla Chilena denuncia la comisión de los delitos de lavado de activos, asociación criminal y el artículo 277 del Código Penal, que sanciona a los banqueros o administradores de casas de juego de azar no autorizadas.
Asimismo, el texto de la acción penal recuerda que la empresa pública presidida por Macarena Carvallo posee el monopolio de las apuestas en Chile junto a otras entidades autorizadas, y cita un fallo reciente de la Corte Suprema que ratifica la ilicitud de las plataformas apuestas online.
Palacio de Justicia de Chile
En una de sus sentencias, el máximo tribunal estableció que “la apuesta deportiva online, como lo es la actividad que denuncia la recurrente de autos, se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, revistiendo a las deudas contraídas en dichos juegos de azar de objeto ilícito”.
A partir de ello, la querella advierte que los PSP son “elementos esenciales para el funcionamiento de estas casas de apuesta online”, ya que, a través de transferencias, débito directo, links de pago y dispersión de fondos, canalizan los depósitos de los apostadores y los pagos a los ganadores.
Respecto al delito de asociación criminal, acusan la existencia de una organización sofisticada que incluye a los operadores de plataformas —muchos domiciliados en paraísos fiscales— y a los PSP chilenos que procesan los flujos financieros.
Finalmente, en cuanto al lavado de activos, indican que los PSP “ocultan o disimulan el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente” de los delitos de juego ilegal y asociación criminal.