El Municipio de Necochea buscará revertir el fallo judicial que suspendió la subasta pública del casino

La Municipalidad de Necochea manifestó que no comparte “en absoluto” los criterios de la decisión judicial que ordenó la suspensión de la subasta pública del Complejo Casino y que, ante dicha situación, interpondrán los recursos legales correspondientes para revertir dicho fallo.

En un comunicado, el municipio intentó rebatir los argumentos del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Necochea, que el pasado 6 de febrero dispuso una medida cautelar de amparo para frenar la subasta pública del Complejo Casino, establecida por la Ordenanza N°12.009/25 y prevista para el 11 de febrero.

En su fallo, el juez Carlos Herrera acusó irregularidades en el procedimiento que definió la subasta pública, como la falta de documentación solicitada mediante acceso a la información pública por parte de la ingeniera ambientalista Susana Laborde.

A su vez, el dictamen advierte que la Comisión de Preservación, “en tanto autoridad de aplicación”, debió “realizar la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental previa de los cambios que esta norma produciría en el marco del Parque Miguel Lillo”.

En respuesta, el municipio indicó que “la autoridad de aplicación resulta ser el Departamento Ejecutivo Municipal, y no la comisión citada por el magistrado”, por lo que no correspondía el dictamen requerido por el juez.

El intendente Arturo Rojas

Asimismo, respecto a la realización de Evaluación de Impacto Ambiental, señalaron que “todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una Declaración de Impacto Ambiental”.

Según explicaron, las circunstancias establecidas en el marco del proceso de subasta pública “no son otras que la venta de inmuebles de dominio público municipal, conforme al estado en que se encuentra (es decir, con todo lo edificado, plantado, clavado y adherido al suelo, sus instalaciones, maquinarias y elementos existentes) sin realizar modificación o alteración alguna, no previendo la realización de proyectos constructivos o alteraciones edilicias de ningún tipo u orden”.

En esa línea, afirmaron que la subasta pública “solo tendrá por consecuencia un cambio de titularidad dominial que, por cierto, no involucra ni comprende ningún emprendimiento que implique acciones u obras que sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente y/o sus elementos”.

Añadieron que “tampoco corresponde la convocatoria a consulta pública o participación ciudadana en esta instancia, lo cual sucederá en el curso del trámite de aprobación de los nuevos indicadores y usos urbanísticos con intervención de la Provincia de Buenos Aires”.

Finalmente, el intendente Arturo Rojas manifestó: “Respetamos la decisión de la justicia, aunque no la compartimos. Vamos a responder por las vías legales correspondientes, con la solidez técnica de nuestros actos administrativos”.