Puerto Rico: Operadores de tragamonedas demandan a la Comisión de Juegos por el proceso de licencias

Un grupo de dueños y operadores de máquinas de juegos de azar presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan un recurso de mandamus, con el cual se busca ordenar a la Comisión de Juegos de Puerto Rico que reactive el trámite de licenciamiento de este tipo de máquinas.

Según se conoció en medios locales, los demandantes alegan que la Comisión se ha negado a recibir y procesar sus solicitudes de licencia, dejando al margen de la industria a muchos pequeños y medianos comerciantes en todo el país.

Los operadores aseguraron en un comunicado de prensa que han intentado someter solicitudes para el reconocimiento como dueños bona fide y obtener sus licencias, pero el organismo ha mantenido una “práctica de no recibir, no adjudicar y no notificar determinaciones relacionadas a dichas solicitudes, lo que impide el acceso a un proceso administrativo claro, documentado y verificable”.

En esa línea, el recurso solicita que la Comisión de Juegos divulgue información pública asociada al licenciamiento y la administración de máquinas en ruta, teniendo en cuenta la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, incluyendo datos necesarios para fiscalizar el proceso y conocer el estado real de la otorgación de licencias.

“Este caso se trata de transparencia y de acción. Nuestros representados están solicitando algo básico: que la agencia reciba y tramite las solicitudes conforme a su propio marco legal y reglamentario, y que divulgue información pública indispensable para la rendición de cuentas”, indicó el portavoz y abogado de los operadores, Frank Torres-Viada.

De acuerdo al recurso legal, el propio reglamento de la Comisión de Juegos exige que si existen deficiencias en una solicitud de licencia, la misma agencia debe emitir una notificación con los señalamientos correspondientes dentro del término establecido por reglamento. Sin embargo, para los operadores, esa obligación no se ha estado cumpliendo, lo que mantiene a solicitantes en incertidumbre y sin ruta de corrección formal.

“Cuando una agencia no recibe solicitudes o no emite determinaciones formales, se afecta el debido proceso y se debilita la fiscalización pública. Por eso, acudimos al tribunal para que se ordene a la Comisión actuar y proveer la información que por ley debe estar disponible”, añadió Torres-Viada.

Juan Carlos Santaella

Respuesta de la Comisión

Por su parte, el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán, comentó en declaraciones escritas: “Alegar que la Comisión no ha respondido a sus solicitudes es faltarle a la verdad. La información que este grupo alega que no ha sido provista, no solamente es pública, sino que está claramente contenida dentro de la Ley que muy bien ellos conocen”.

De acuerdo al funcionario, la Ley de Máquinas de Juegos de Azar permite 25.000 licencias, mientras que actualmente hay 110 operadores licenciados con un derecho de operar hasta 250 máquinas.

“Al día de hoy, y desde el inicio del proceso en 2021, se han expedido más de 23.000 licencias. Esto significa que el balance disponible es de menos de 2.000 máquinas, como producto del proceso, implantado en función de la ley existente”, expresó. 

“Asimismo, la Ley concede a estos operadores licenciados hasta el 14 de enero de 2028 para completar el pago del balance de sus licencias. No es hasta entonces que la Comisión podría considerar la aceptación de nuevas solicitudes de licencias por parte de dueños mayoristas”, añadió.

Finalmente, Santaella afirmó que la demanda es “una constante por parte de ciertos grupos de dueños de máquinas que operan al margen de la ley, cada vez que inicia un proceso para implantar una ley, reglamento o entra en vigor alguna normativa”.