La Junta de Castilla y León, ente de gobierno de dicha comunidad autónoma española, viene preparando una orden para disminuir las exigencias y requisitos para la explotación de máquinas recreativas tipo B, conocidas como tragamonedas.
Según informó el Diario de Burgos, el Ejecutivo autonómico ha advertido que “el parque de máquinas recreativas en Castilla y León ha disminuido notablemente”, pasando de casi 13.000 máquinas instaladas en bares a 8.200 en la actualidad.
Ante dicho escenario, la Junta se encuentra ultimando una modificación a la Orden PRE/420/2015, con miras a rebajar de forma significativa las exigencias mínimas para operar estos sistemas, aunque sin alterar aspectos como distancias mínimas con centros educativos, prohibiciones o premios máximos.
Uno de los cambios más relevantes se refiere al mínimo de máquinas necesarias para gestionar un sistema con servidor, que pasaron de 1.536 dispositivos conectados a 966, una rebaja cercana al 37%.
A su vez, la modificación también amplía el plazo para integrar progresivamente las máquinas en el sistema. Hasta ahora, se obligaba a completar el proceso en un tiempo máximo de tres años, teniendo que haber instalado el 50% en el primer ejercicio.
El nuevo marco permitirá hacerlo en cuatro años, con tramos anuales del 25%. “Un margen adicional con el que se busca aliviar la presión financiera sobre los operadores y facilitar una adaptación más gradual al modelo de servidor”, señalaron.
Otra de las novedades es la rebaja del porcentaje de máquinas que cada empresa debe aportar obligatoriamente al sistema, pasando del 100% al 63%, lo que, según detallaron, "introduce un mayor margen de maniobra empresarial y rompe con el modelo de concentración forzosa vigente desde 2015”.
La orden incluye, además, una disposición específica para las empresas que ya estaban integradas en estos sistemas, que podrán reducir su aportación hasta ese 63% sin necesidad de dar de baja el resto de máquinas, siempre que estas permanezcan activas en el mercado durante al menos un año.