Puerto Rico: Entra en vigor el reglamento para confiscar tragamonedas en ruta

La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico informó que, a partir del 22 de enero, entró en vigencia el Reglamento de Confiscaciones de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta, adoptado conjuntamente con la Policía de Puerto Rico, a fin de fijar medidas de fiscalización y luchar contra el juego ilegal.

Según señalaron, el nuevo estatuto establece las normas y procedimientos aplicables a la confiscación, custodia, conservación y disposición de las máquinas tragamonedas que operen en violación a la ley.

Este detalla, además, las distintas etapas del procedimiento administrativo, incluyendo la ocupación de las máquinas, el derecho a impugnación y el manejo de los bienes confiscados, entre otros aspectos.

Asimismo, el reglamento aclara que no se imponen cargas económicas adicionales a los comerciantes, ya que las multas y sanciones aplicables provienen directamente de la legislación vigente.

El director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Juan Carlos Santaella Marchán, expresó: “La promulgación de este reglamento responde a una obligación impuesta por ley y reafirma nuestro compromiso de ejecutar procesos claros, justos y uniformes en la fiscalización de las máquinas de juegos de azar en ruta”.

Juan Carlos Santaella Marchán

Destino de los fondos

La normativa crea un fondo especial que se nutrirá de todos los ingresos provenientes del cobro de aranceles, multas y sanciones por procedimientos administrativos, así como los gastos incurridos, intereses, transacciones extrajudiciales o cualquier otro cobro administrativo.

A su vez, detallaron que las máquinas confiscadas serán trasladadas a un almacén controlado por la Comisión de Juegos.

De acuerdo a la Ley 42-2020, los primeros USD 12 millones se destinarán al Fondo General y, una vez alcanzada esa cantidad, el 55% de los ingresos generados se depositará en el Fideicomiso para el Retiro de la Policía. Se prevé que el recaudo alcance el monto referido.

“Es importante destacar que todo dueño de máquina, operador, dueño de negocio o cualquier otra persona que opere una máquina sin licencia y marbete vigente incurrirá en un delito menos grave y se expone a una pena máxima de seis meses de cárcel, multas de hasta USD 10.000, o ambas, a discreción del tribunal, además de la revocación de otros permisos”, enfatizó Santaella Marchán.

Finalmente, el director ejecutivo exhortó a los ciudadanos a reportar negocios que estén en violación a la ley. “Exhortamos a toda persona que tenga conocimiento de algún comercio que incurra en esta práctica a que lo reporte de forma confidencial a través de nuestra página de Internet, bajo el Negociado de Juegos de Azar – Máquinas en Ruta”, concluyó.