Realizadas en Polymarket

Advierten que apuestas sospechosas sobre la captura Nicolás Maduro generaron ganancias por USD 630 mil

Nicolás Maduro capturado
06-01-2026
Tiempo de lectura 1:14 min

La firma de análisis de blockchain Lookonchain identificó, el pasado 4 de enero, que tres monederos digitales obtuvieron una ganancia combinada de USD 630.484 en la plataforma Polymarket, producto de apuestas sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Los tres monederos digitales fueron creados y financiados días antes de la operación, no tenían historial previo de trading y sólo participaron en contratos relacionados con el mandatario venezolano.

De acuerdo a Lookonchain, un monedero identificado como “0x31a5” apostó unos USD 34.000 y obtuvo casi USD 410.000 en ganancias, mientras que otro convirtió USD 25.000 en USD 145.600. El tercer monedero transformó una apuesta de USD 5.800 en aproximadamente USD 75.000.

Según informaron, la precisión de las apuestas —realizadas justo antes de que la noticia se hiciera pública— sugiere que los apostadores “podrían tener conocimiento avanzado sobre la maniobra diplomática y militar sensible”.

En este contexto, la firma de análisis estimó que los patrones de trading de los monederos sugieren fuertemente que tenían acceso “insider” a información no pública. En consecuencia, este incidente ha impulsado un esfuerzo inmediato para cerrar vacíos regulatorios.

A partir de ello, se ha reportado que el representante Ritchie Torres tendría previsto presentar la Ley de Integridad Pública en los Mercados de Predicción Financiera de 2026, que prohibiría que personas del gobierno obtengan beneficios de resultados que pueden influir o anticipar.

De acuerdo con informes de Punchbowl News, Torres confirmó en redes sociales que buscará prohibir que funcionarios federales electos, personas designadas políticamente y empleados del Ejecutivo compren, vendan o intercambien contratos en plataformas como Polymarket y Kalshi.

Si se aprueba, prohibiría que personal del gobierno utilice información no pública y relevante sobre investigaciones federales, fallos judiciales o política exterior para obtener beneficio personal, buscando así “proteger la integridad de los mercados que dependen de la sabiduría colectiva de la comunidad”.

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