La Lotería de la Provincia de Buenos Aires denunció 300 sitios de juego ilegal y pidió su bloqueo

El Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC), liderado por su presidente Gonzalo Atanasof, realizó una denuncia contra 300 sitios de apuestas que operaban sin autorización oficial. Además, como medida preventiva y de urgencia, se solicitó se ordene al ENACOM el bloqueo inmediato de estos sitios.

La denuncia fue radicada en las Unidades Fiscales Especializadas de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro, y podría incluir el lavado de activos. En la presentación se solicita avanzar en la identificación de sus responsables y administradores, con el objetivo de ampliar la imputación de delitos.

“No estamos frente a simples administradores de páginas ilegales, sino ante una cadena delictiva organizada que blanquea dinero en el exterior, evade impuestos y opera al margen de la ley”, afirmó Atanasof.

Gonzalo Atanasof

El operativo partió de una investigación realizada por personal del organismo, que permitió rastrear el funcionamiento de estas plataformas y detectar su modus operandi digital. La denuncia se enmarca en el trabajo sostenido que viene realizando la gestión y se suma a otras 120 presentaciones que derivaron en 50 allanamientos.

La campaña que lleva adelante el Instituto que comanda Atanasof se enmarca dentro del convenio con la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), a partir del cual se busca identificar y dar de baja perfiles de Facebook e Instagram que promocionan apuestas no autorizadas.

“No vale todo. Cuando hablamos de apuestas en adolescentes, debemos encarar el problema desde dos frentes: salud mental y seguridad. Hay que prevenir la ludopatía, pero también bloquear los sitios ilegales que no tienen controles por parte de nadie y permiten el acceso de menores de edad. Hoy los chicos están a un click de distancia porque estos casinos ilegales les permiten el acceso”, remarcó Atanasof enfocándose en prevenir el acceso de menores de edad a estas plataformas.

“Denunciar sitio por sitio es insuficiente. Necesitamos herramientas modernas para un delito moderno. Esta pelea no puede darla una sola jurisdicción: tiene que haber una política nacional coordinada”, concluyó.