El verdadero juego está en las reglas: Ecuador decide el futuro de los casinos

La firma Heka Abogados elaboró un informe acerca del futuro de los casinos en Ecuador, luego que la Corte Constitucional de este país aprobara la consulta popular, impulsada por el presidente Daniel Noboa, sobre el regreso de los salones de juego, aunque limitado a hoteles de cinco estrellas.

Tras la prohibición de 2011, que provocó el cierre de más de 160 locales y la pérdida de 12.000 empleos, el sector turístico respalda la reapertura por su potencial económico y laboral. Sin embargo, advierte que la regulación no debe ser excluyente y que es mejor regular con transparencia y control estricto que mantener la actividad en la clandestinidad.

La discusión sobre el regreso de los casinos en Ecuador ha vuelto a ocupar la agenda nacional. La Corte Constitucional, mediante el Dictamen 9-25-CP, dio luz verde a que la ciudadanía decida en las urnas sobre la reapertura de salas de juego, aunque bajo una limitación específica: su operación estaría restringida exclusivamente a hoteles de cinco estrellas. La decisión marca un hito después de más de una década de prohibición absoluta y reabre el debate sobre el papel de esta industria en el turismo, el empleo y la economía del país.

El llamado a consulta popular, realizado por el presidente Daniel Noboa, incluyó varias preguntas en distintos ámbitos de interés nacional, todas ellas sujetas al control de la Corte Constitucional. Entre estas se encuentra la relativa a los casinos, que finalmente fue la única aprobada por el organismo.

La Corte consideró que la pregunta cumple con los principios de claridad, unidad de objeto y efectos jurídicos concretos, y estableció que, de ser respaldada por la ciudadanía, el Ejecutivo tendrá 30 días para presentar un proyecto de ley y la Asamblea Nacional dispondrá de 90 días para debatirlo y aprobarlo.

El tema no es nuevo en el país, en la consulta popular del 7 de mayo de 2011, la ciudadanía votó mayoritariamente por la prohibición de casinos, lo que provocó el cierre de más de 160 establecimientos a escala nacional. Según datos de la Cámara de Turismo del Ecuador, esta medida ocasionó la pérdida de al menos 12.000 empleos directos, además de un fuerte impacto en cadenas de valor vinculadas a la hotelería, la gastronomía y otros servicios complementarios.

Desde entonces, la operación de casinos, casas de apuestas o negocios de juegos de azar ha estado tipificada como delito en el Código Orgánico Integral Penal, con sanciones que van de 1 a 5 años de prisión.

Hoy, más de una década después, la reapertura de casinos se presenta como una oportunidad para reactivar el turismo y generar empleo formal en un sector que se ha visto golpeado por restricciones pasadas y por la falta de incentivos claros. Para el sector turístico, esta consulta popular es una ocasión para adaptar la normativa a la realidad actual, recuperar actividades que se desarrollan de manera clandestina y atraer nuevas inversiones en una industria que, con el debido control, podría convertirse en motor de crecimiento.

En ese sentido, la Cámara de Turismo ha reiterado su respaldo a la iniciativa, recordando que la clave no está solo en permitir nuevamente los casinos, sino en regularlos adecuadamente. Una buena regulación permitiría generar confianza, atraer inversión responsable, formalizar empleos y garantizar que la actividad se desarrolle en un entorno seguro y transparente para la sociedad.

Sin embargo, limitar la reapertura únicamente a hoteles de cinco estrellas resulta problemático. Esta condición genera un marco normativo excluyente y discriminatorio, que restringe la posibilidad de participación de pequeños y medianos empresarios, reduce el impacto positivo en términos de empleo e inversión y concentra los beneficios en un sector muy reducido de la economía. Una política pública con estas características corre el riesgo de profundizar las brechas sociales y de desaprovechar el potencial de la industria en su conjunto. El país necesita un marco regulatorio inclusivo, diseñado para toda la industria turística y no solo para un segmento de lujo.

La experiencia internacional y la propia realidad ecuatoriana demuestran que el juego existe aun cuando se lo prohíbe. Negarse a regularlo no elimina la actividad: únicamente la empuja hacia la clandestinidad, donde prosperan el mercado negro, el lavado de activos, la falta de controles y los riesgos sociales como la ludopatía. En este escenario, Ecuador se enfrenta a una disyuntiva: continuar con una prohibición que no ha evitado el juego ilegal, o dar paso a un modelo regulado que permita al Estado ejercer control, recaudar ingresos y proteger a la ciudadanía.

Regular no es fomentar. Regular es reconocer una realidad y establecer límites claros que protejan a la sociedad, formalicen miles de empleos y garanticen que los beneficios económicos se distribuyan de forma amplia. En un país con limitaciones de supervisión institucional, cerrar los ojos ante esta industria resulta más riesgoso que asumirla de frente con normas claras, estrictas y progresivas.

Por ello, el llamado no es únicamente a debatir si los casinos deben regresar, sino cómo deben regresar. La ciudadanía tiene ahora la oportunidad de pronunciarse a favor de un cambio que, con la regulación adecuada, puede transformar una actividad hoy criminalizada en un motor de turismo, empleo y desarrollo económico sostenible.

Votar a favor en esta consulta no significa promover el juego sin control, sino apostar por un modelo regulatorio responsable, que empiece con pasos firmes y que pueda ajustarse y perfeccionarse con el tiempo, garantizando que el país no repita los errores del pasado y aproveche de manera ordenada las oportunidades del futuro.