El Bloque de Diputados de la UCR orgánica de Catamarca presentó un proyecto de resolución en el que advierte que la Caja de Crédito y Prestaciones (Capresca) de la provincia impulsa una política de expansión del juego con el apoyo del gobernador de Raúl Jalil.
En declaraciones al medio El Ancasti, los legisladores aseguraron que hay una contradicción entre el discurso del Gobierno provincial sobre “cuidar el bolsillo” de la población y una administración que "facilita un crecimiento indiscriminado de la oferta de apuestas que termina por castigar a los sectores más vulnerables".
La iniciativa critica específicamente la apertura de cinco sorteos diarios de quiniela, la modalidad quiniela exprés, que delega parte de la operación a una empresa foránea, y la habilitación de alrededor de 400 máquinas de videolotería que operan las 24 horas, medidas que, según los diputados, "configuran una política pública que prioriza la recaudación por sobre la protección social y la salud pública".
El bloque también denunció que el acuerdo por el juego electrónico deja a la provincia con una porción reducida de la renta del negocio (alrededor del 32%), mientras que el resto queda en manos del IPLyC de Misiones. Esta decisión, de acuerdo a los legisladores, implica "entregar parte de la soberanía del juego a intereses externos" en un contexto de familias con salarios congelados y aumentos de tarifas.
El proyecto de resolución del bloque radical solicita al Ministerio de Hacienda y Obras Públicas de Catamarca un informe detallado que incluya cantidad y frecuencia de sorteos, número y ubicación de las máquinas habilitadas, criterios empleados para la expansión, estimación de ingresos y destino de fondos, además de estudios sobre impacto en la salud pública y sectores vulnerables.
Los diputados fundamentaron su posición en el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la ludopatía como un problema de salud. Según argumentaron, "la evidencia internacional muestra que la multiplicación de sorteos y la instalación masiva de máquinas de apuesta incrementan la probabilidad de adicción y generan daños sociales y económicos que suelen recaer sobre los hogares más precarizados".
"Si realmente se pretende aliviar a los trabajadores y a las familias, el Gobierno debe dejar de usar el juego como caja fácil y avanzar en políticas serias de recomposición salarial, control tarifario y protección social", cuestionaron los legisladores.