El proyecto de ley (PL) 2.234/22, que legaliza los casinos, los bingos y los juegos de azar presenciales, está en la agenda de votación del Senado para el día de hoy, 8 de julio. Según la agenda oficial de la Cámara, la propuesta es el cuarto punto de la sesión que comenzará a las 14:00 horas.
En junio de 2024, el texto fue aprobado en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) del Senado por un estrecho margen: 14 votos a favor y 12 en contra. Desde entonces, el asunto está a la espera de ser examinado en el pleno.
En diciembre se intentó someterlo a votación, pero el ponente del proyecto, Irajá Silvestre (PSD-TO), solicitó que se retirara, debido a la presión del grupo evangélico y al riesgo de que fuera rechazado.
Ante la noticia de que el proyecto se debatirá el martes, los senadores de la oposición comenzaron a movilizarse en las redes sociales.
"¿Cómo es posible que el poder legislativo dé prioridad a la devastación de la población de su país? Estamos viviendo una tragedia humanitaria con las apuestas y el Senado demuestra insensibilidad al deliberar a última hora, en vísperas del receso, sobre más juegos de azar", publicó el senador Eduardo Girão (Novo-CE) en Instagram.
Otro que se pronunció fue Magno Malta (PL-ES), pidiendo a sus seguidores que presionen a los senadores para que voten en contra de la medida. "Quieren aprobar, a toda prisa y en la oscuridad, la legalización de los casinos, los bingos y las apuestas ilegales, todo antes del receso. Dicen que es progreso. Pero yo sé lo que eso conlleva: adicción, destrucción de familias y más dolor para nuestra gente sencilla", escribió. Tanto Malta como Girão son miembros de la Frente Parlamentaria Evangélica.
— Silas Malafaia (@PastorMalafaia) July 2, 2025
La semana pasada, el Consejo Interdenominacional de Ministros Evangélicos de Brasil (CIMEB) publicó una carta abierta contra el proyecto de ley 2.234/2022. Entre los líderes que firman el texto, se encuentra el pastor Silas Malafaia.
Una encuesta nacional, realizada por el Instituto DataSenado y publicada en abril, reveló que el 60% de los brasileños (alrededor de 102 millones de personas) están a favor de la legalización de los casinos, los bingos y las apuestas presenciales. Por el contrario, el 34% se mostró en contra de la medida. El resto afirmó no tener una opinión formada sobre el tema o prefirió no responder.
La encuesta también reveló que más de una cuarta parte de la población, lo que equivale a más de 44 millones de personas, manifiesta interés en participar en estas actividades si se legalizan. La encuesta completa se puede descargar en este enlace.
"Esta investigación es un gran punto de inflexión. Después de casi dos años y medio en los que este proyecto se ha estado debatiendo en el Senado Federal, donde ya hemos celebrado algunas audiencias públicas y finalmente lo hemos aprobado en la Comisión de Constitución y Justicia, ya está listo y maduro para ser votado en el pleno del Senado", afirmó Irajá en abril.
Entre los beneficios de la legalización del juegos que Irajá suele señalar se encuentran la generación de empleo, una mayor recaudación fiscal y el fortalecimiento del turismo.
"Los estudios técnicos y científicos elaborados por varias instituciones serias del mercado señalan que, una vez legalizados los juegos, las apuestas y los complejos turísticos integrados, tendremos inversiones del orden de más de BRL 100.000 millones (USD 18.440 millones) en un plazo de cinco años. Esos mismos estudios señalan que, en un plazo de cinco años, se crearán más de 1,2 millones de nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos", declaró Irajá en una entrevista concedida al diario O Tempo en julio de 2024.
El PL 2.234 fue aprobado por la Cámara de Diputados en 2022. Por lo tanto, si el Senado aprueba el texto sin modificaciones, el proyecto pasará a la sanción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El jefe del Ejecutivo ya ha afirmado que no tiene intención de vetar la legalización de los juegos de azar.
A continuación se presentan los puntos principales del PL 2.234/22 (versión aprobada en la CCJ), según lo explicado por la Agencia Senado.
- Según el texto, los casinos podrán instalarse en centros turísticos o en complejos integrados de ocio. En otras palabras, resorts y hoteles de alto nivel con al menos 100 habitaciones, además de restaurantes, bares y locales para reuniones y eventos culturales.
- En general, los estados y el Distrito Federal estarán autorizados a tener solo un casino. Sin embargo, hay excepciones que tienen en cuenta el tamaño del territorio y la cantidad de población. São Paulo podrá tener hasta tres casinos, mientras que Minas Gerais, Río de Janeiro, Amazonas y Pará podrán tener hasta dos cada uno.
- En el caso de los barcos fluviales con casinos, no podrán permanecer anclados en una misma localidad durante más de 30 días seguidos.
- Para operar, las empresas responsables de los casinos deberán acreditar un capital social mínimo de BRL 100 millones (USD 18.440.900). La acreditación tendrá una validez de 30 años.
- El texto autoriza que los bingos se exploten de forma permanente en lugares específicos, ya sea con cartones físicos o en modalidades electrónicas y de videobingo.
- Cada municipio podrá tener una sala de bingo. Sin embargo, las ciudades más grandes podrán tener un establecimiento por cada 150.000 habitantes.
- Se podrán organizar bingos en estadios con una capacidad mínima de 15 000 espectadores, siempre que no sea de forma ocasional.
- La autorización propuesta para las salas de bingo es de 25 años (renovable por el mismo periodo), siendo necesario acreditar un capital social mínimo de BRL 10 millones de (USD 1.844.090).
- Las entidades hípicas acreditadas por el Ministerio de Agricultura podrán explotar apuestas en carreras de caballos y también juegos de bingo y videobingo.
- La autorización para explotar el juego del bicho tendrá una vigencia de 25 años, con un capital mínimo de BRL 10 millones (USD 1.844.090).
El PL 2.234/22 prevé la creación de dos nuevos impuestos que deberán pagar los operadores acreditados. Estos son: la Tasa de Fiscalización de Juegos y Apuestas (Tafija) y la Contribución de Intervención en el Dominio Económico que grava la comercialización de juegos y apuestas (Cide-Jogos). Las casas de apuestas estarán exentas de otros impuestos y contribuciones.
Por su parte, la Cide-Jogos tendrá un tipo impositivo de hasta el 17% calculado sobre los ingresos brutos de las empresas.
El proyecto también establece la creación del Registro Nacional de Prohibidos (Renapro). Se trata de un registro con datos de personas a las que se les prohíbe apostar e incluso entrar en casinos y salas de juego. La inclusión en la lista podrá ser solicitada por el propio ciudadano, por orden judicial o por el Ministerio Público.