La Justicia penal santafecina decidió este miércoles 18 volver a bloquear e inmovilizar las cuentas y los criptoactivos de siete personas acusadas de organizar una estructura jurídica y financiera para captar apuestas online ilegales.
La orden la dio el juez de segunda instancia Sebastián Creus, y revoca parcialmente una resolución de primera instancia, dispuesta por el juez Pablo Spekuljak en marzo de este año. Según informaron medios locales, las cuentas congeladas en criptomonedas acumulan alrededor de USD 1,3 millones, repartidos entre diferentes billeteras virtuales, presuntamente producto del juego clandestino en la provincia de Santa Fe.
Cabe recordar que el juez Spekuljak, a cargo de la causa, había liberado el levantamiento de los activos digitales de las distintas plataformas de criptomonedas que están siendo investigadas, a cambio de un mínimo depósito en dólares a la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (Aprad). Esa medida cautelar había sido dispuesta en octubre del año pasado.
Apenas conocido este fallo, desde el Gobierno santafecino cuestionaron y apelaron la decisión junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la empresa privada Casino de Santa Fe.
Daniel Di Lena
“Más allá de lo económico, el principal objetivo de la causa es atacar a un flagelo en crecimiento como lo son las apuestas en menores de edad y por eso nos interesa de sobremanera que los imputados sean tratados con la gravedad que amerita la causa”, había expresado en aquel momento el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena.
Los fiscales Agustín Nigro y Carlos Arietti representaron al MPA en la audiencia de apelación, realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, y manifestaron su conformidad con el resultado. "Con el dinero liberado, podría haberse generado un daño irreparable, ya que su recuperación hubiera sido prácticamente imposible", afirmó Nigro, quien está a cargo de la investigación.
Asimismo, explicó que "la finalidad del bloqueo y la inmovilización de las cuentas con criptoactivos es asegurar que, en el caso de una condena, puedan ser decomisados". "Ese fue el argumento principal que esgrimimos y luego reiteraron las Querellas de la causa, quienes representan al Gobierno de Santa Fe y a una empresa dedicada a los juegos de azar con sede en la capital provincial", agregó.
En tanto, el juez Creus confirmó “lo que tiene que ver con las cautelares personales” dispuestas para los imputados, en tanto que revocó “las cautelares reales debiendo volverse al estado anterior, disponiéndose las mismas cautelares vigentes antes de la resolución impugnada”, según consta en el acta.
Juez Sebastián Creus
Es decir que, por el momento y de cara a un futuro juicio oral, los activos digitales en criptomonedas, estimados en USD 1,3 millones, continuarán congelados bajo la tutela de la Justicia provincial. De acuerdo con lo agendado por la Oficina de Gestión Judicial, la audiencia preliminar se llevará a cabo en agosto, en una fecha a confirmar.
La investigación se inició en mayo de 2024, con una denuncia de Di Lena y los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda y de Educación, José Goity.
En aquel momento, los representantes del Gobierno santafesino apuntaron contra 273 plataformas de juego ilegal, lista que fue ampliada en junio del mismo año, alcanzando los 385 sitios de apuestas online ilegales.
Actualmente, la investigación tiene como imputados a: Justina Garcia de la Peña; Alejandro Antonio Gelormini; Natalia Soledad Salinas; Agustín Suarez Araujo; Santiago Corbetta; y a los brasileños Claudio Marcos Just Calvancante y Carlos Eduardo Franco Russo. Además, se investiga a las empresas Transfero Pagamento SA y Transfero Gestión.