Luis Gama: "Un Estado que no impone reglas claras y efectivas está renunciando a proteger a los ciudadanos"

En un exclusivo análisis para Yogonet, Luis Gama analiza el último período de Gobierno de Uruguay en lo que respecta a la industria de los juegos de azar. El consultor y exregulador uruguayo deja su impresión de la gestión del expresidente Luis Lacalle Pou.

La parálisis del Estado y su impacto en la industria de los juegos de azar

En el contexto actual, la industria de los juegos de azar se enfrenta a un desafío significativo: la falta de controles y la ausencia de regulaciones efectivas por parte del Estado. Esta situación no solo pone en riesgo la integridad del sector, sino que también envía una señal alarmante sobre la debilidad institucional. Un Estado que no impone reglas claras y efectivas para las operaciones de juegos de azar está, en esencia, renunciando a su responsabilidad de proteger a los ciudadanos y garantizar un entorno justo y seguro.

La responsabilidad del Estado en el desarrollo de la industria de los juegos de azar es fundamental, ya que implica no solo la creación de un marco regulatorio adecuado, sino también la supervisión y el control de las actividades del sector y en definitiva llevar adelante acciones para enfrentar al juego no autorizado.

En Uruguay, durante el último periodo de gobierno, hemos sido testigos de una preocupante parálisis en las acciones del Estado, que han tenido repercusiones significativas en la industria de los juegos de azar. Este estancamiento no solo ha impedido el avance en temas cruciales, sino que también ha dejado a la industria en una situación de incertidumbre y estancamiento.

Se ha observado -entre otras cuestiones- la ausencia de actuaciones que han debilitado notablemente los controles existentes. En particular, el área encargada de llevar adelante los mismos se ha visto claramente debilitada, tanto en su integración como en aplicar los mecanismos establecidos para llevar a cabo uno de los objetivos más importantes del Estado: las tareas de fiscalización y control ante los permisarios que explotan el juego. Los últimos cinco años demuestran que hubo un claro debilitamiento, y esto se refleja en los distintos controles que se debió llevar adelante y no se hicieron, lo que ha permitido que el Estado se retire y no lidere, mostrando una debilidad que no le hace nada bien a la industria de los juegos de azar.

Asimismo, la disminución en la realización de las tareas básicas de control, implica un retiro del Estado ante los operadores privados lo que puede llevar a que los mismos prioricen sus intereses económicos sobre el interés general. En última instancia, un Estado que no cumple con sus obligaciones en materia de control no solo pone en riesgo la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, sino que también socava los principios de justicia y equidad que son fundamentales para una sociedad democrática.

La confianza en las instituciones se erosiona cuando los ciudadanos perciben que no hay un compromiso real por parte del gobierno para proteger sus intereses. Es fundamental que se restablezcan y fortalezcan los controles en la industria de los juegos de azar, no solo para salvaguardar a los jugadores, sino también para asegurar la transparencia y la equidad en un sector que conlleva riesgos significativos.

El reducir y no llevar adelante los controles establecidos, significa una grave omisión y puede tener repercusiones negativas que afectan tanto a la ciudadanía como a la propia fortaleza del Estado.

En paralelo, se detectó una ausencia total de inversión en las unidades comerciales que explota el Estado, no se ocupó una demanda insatisfecha en locaciones donde actualmente es patrimonio del juego no autorizado y no se pudo resolver la regulación de los juegos de casinos en línea, presentando un proyecto que no contaba con el apoyo necesario para su aprobación. En definitiva, hubo un retroceso en materia comercial y regulatoria, lo que implica dejar pasar una oportunidad por demás propicia para la industria.

Esto son solo ejemplos de que, la desidia exhibida en este último período de gobierno trajo -inevitablemente- consecuencias negativas para el sector, ya que reconstruir y retomar al camino del posicionamiento del estado como regulador lleva tiempo y mucho esfuerzo. Recomponer todo aquello que se había construido en varios años de gestión, implica desviar esfuerzos que originalmente deberían dirigirse a resolver nuevas propuestas y a abordar aspectos regulatorios aún pendientes.

Asimismo, no hubo avances en todo lo relacionado a los procesos regulatorios y al combate al juego ilegal. Semejante pasividad trae aparejado un claro estancamiento y en algunos casos un marcado retroceso.

No se trabajó detrás de objetivos trazados y hubo una ausencia total del Estado en resolver cuestiones pendientes que hacen a las distintas operaciones. Es esencial que existan consecuencias claras para el Estado en caso de no cumplir con sus responsabilidades, ya que esto garantizaría un compromiso real con el desarrollo sostenible.

Este tipo de comportamiento totalmente pasivo lo único que logra es debilitar al Estado, marcando un claro retroceso en el cumplimiento de sus atribuciones fijadas por ley.

En conclusión, es imperativo que el Estado retome un papel activo y responsable en la operativa de los juegos de azar. Bajo ninguna circunstancia se debe dejar de aplicar y llevar adelante los controles establecidos, ya que este factor es esencial para restaurar la confianza pública y garantizar un entorno de juego seguro y justo. Esto va de la mano con plantearse regular aquellas modalidades de juego que aún no están resueltas y abordar de manera urgente una política que resuelva el crecimiento del juego no autorizado. 

La fortaleza de un Estado se mide, en gran parte, por su capacidad para proteger a sus ciudadanos, y en este sentido, la industria de los juegos de azar no debe ser una excepción. No debemos repetir la pasividad asumida en estos últimos 5 años porque peor que no intentarlo es dejar de hacerlo.