La problemática del juego ilegal, en todas sus manifestaciones, representa una de las mayores debilidades en la gestión de los Estados. A pesar de los riesgos evidentes y las consecuencias negativas que genera, las autoridades en muchas jurisdicciones no han logrado implementar medidas efectivas para su control y erradicación.
Una de las principales deficiencias radica en la falta de instrumentos adecuados para combatir el mercado clandestino. Los controles existentes suelen ser insuficientes, débiles y, en muchos casos, fragmentados.
La ausencia de acciones coordinadas y sostenidas en el tiempo, impide que las políticas públicas tengan un impacto real y duradero. Como resultado, el mercado ilegal continúa operando con impunidad, poniendo en riesgo la protección de los ciudadanos y facilitando actividades ilícitas como el lavado de dinero, la corrupción y la explotación de sectores vulnerables.
Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, la población en general se encuentra alejada de la comprensión plena de la magnitud y las implicancias del problema. Solo aquellos directamente involucrados en la industria están verdaderamente inmersos en su dinámica, mientras que el resto de la sociedad permanece ajena o desconectada de la gravedad de la situación. Esta desconexión contribuye a la falta de conciencia y a la escasa presión social para que los gobiernos tomen medidas contundentes. Asimismo, resulta imperativo potenciar la estructura estatal para combatir eficazmente la ilegalidad. Esto implica fortalecer las instituciones responsables de la fiscalización, dotarlas de recursos adecuados y mejorar su capacidad operativa y tecnológica.
La situación refleja una debilidad estructural en la gestión gubernamental, que se ve agravada -fundamentalmente- por la falta de voluntad política y de una visión integral que permita abordar el problema desde una perspectiva multidimensional. La carencia de una estrategia coordinada y sostenida en el tiempo impide la implementación de políticas efectivas, dejando a la sociedad desprotegida frente a un mercado que opera al margen de la ley y sin responsabilidad social.
Asimismo, no se ha logrado visualizar con claridad el daño que el mercado ilegal del juego produce en todos los ámbitos: económico, social y en la salud pública. La ausencia de datos precisos y de evaluaciones constantes limita la formulación de políticas fundamentadas y la asignación de recursos necesarios para la protección de la población. La realidad es que, mientras los controles permanecen débiles y las acciones dispersas, la sociedad continúa siendo víctima de un mercado que opera sin regulación, poniendo en riesgo la integridad de sus integrantes.
Es imperativo que los Estados reconozcan la gravedad de esta problemática y asuman un compromiso firme para fortalecer los mecanismos de control, coordinar acciones y mantenerlas en el tiempo. Solo mediante una estrategia integral y sostenida será posible reducir la influencia del mercado ilegal, proteger a los ciudadanos y mitigar los daños que, en la actualidad, se acumulan en diversos ámbitos.
Y un dato no menor. Legislar sin perder de vista el tema ayuda a recorrer el camino correcto, destacando que la lucha contra el juego ilegal requiere de una voluntad política decidida, de políticas públicas robustas y de una gestión que priorice la protección social por encima de intereses económicos de corto plazo. La inacción o respuestas insuficientes solo profundizan la vulnerabilidad de la población y perpetúan un problema que, si no se enfrenta con determinación, continuará generando daños irreparables para la sociedad en su conjunto.
A veces nos preocupamos más por legislar apuntando a revisar cuestiones vinculadas a las operaciones legales y no atendemos todo lo referido al juego ilegal. Tiene que haber un convencimiento de que la mejor manera de proteger y defender la legalidad es combatir decididamente a la ilegalidad.
Luis Gama
Consultor internacional en Gaming Consultores y ex-regulador de juego en Uruguay.