El Ministerio de Consumo solo podrá cobrar un 1,5% de las multas aplicadas a 17 operadores online

A pesar de haber sancionado a un total de 17 operadores por infracciones graves o muy graves con multas que oscilan, en su conjunto, en torno a los EUR 81 millones, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sólo podrá cobrar EUR 1.150.000 (el 1,5% del total). Esta cifra corresponde a siete empresas españolas con licencia en España.

Por su parte, las otras nueve plataformas no tienen licencia para operar en este mercado y fueron sancionadas con EUR 5 millones cada una, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Regulación del Juego para este tipo de infracciones, consideradas como muy graves.

Según informó el periódico The Objetive, estas nueve empresas son Rabadi, Uno Digital Media, Eight Stars, Mrsloty Games Tech, Entretenimiento Rojo, Onyxion Malta, Trw Corporate, Vdsoft&Script Development y Uniquegame. Se trata de páginas web de casinos ilegales con sede en Curazao, Malta o Reino Unido.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 

Será muy difícil que la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) recaude los EUR 45 millones (más de la mitad de las sanciones de los últimos seis meses), dado que se trata de páginas ilegales operadas fuera de España o de las que se desconoce su origen, explicaron.

Estos sitios web, terminados en “.com”, a menudo falsean licencias y, cuando son bloqueados, reaparecen bajo otro nombre para seguir operando. En esta línea, cabe recordar que las plataformas reguladas, legales y manejadas por empresas con sede en España terminan en “.es”.

Por otro lado, el mencionado diario español afirmó que el Gobierno no podrá cobrar otros EUR 35 millones en multas a la Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos (ONDEE), competidora de la ONCE y que lleva acumuladas decenas de multas sin pagar. En la última lista de morosos que hizo pública Hacienda, la organización debía EUR 86.278.933, a los que sumarán estos 35 millones.

Ante este escenario, el director general de CeJuego, Alejandro Landaluce, hizo hincapié en que las empresas españolas autorizadas sólo fueron responsables del 1,5% de las sanciones. En este caso, fue porque habían jugado personas que no lo tenían permitido, aunque las páginas sí contaban con licencia.

Alejandro Landaluce

“El Gobierno asfixia con regulaciones abusivas a las empresas de juego online legales en España (.es) y empuja al usuario a las páginas piratas (.com) en las que no está protegido por las normas y protocolos de juego responsable que implementan las empresas españolas”, comentó en declaraciones a The Objetive.

A su vez, propuso “enfocar la regulación del sector español desde un punto de vista razonable que no termine con el usuario consumiendo productos de juego en contextos no seguros, o fraudulentos, en los que es vulnerable”.

“Las leyes deben proteger al usuario, no ir en su contra. El reparto de multas da medida de cómo se presiona a las empresas ‘.es’, que son las que cumplen, las que protegen al usuario, que pagarán la multa y que revisarán sus protocolos para evitar estas situaciones en un futuro. El Gobierno trata como enemigos a los que son sus aliados”, concluyó Landaluce.