Plínio Lemos Jorge: "Mantener los vetos podría anular la eficacia de la regulación en Brasil"

Desde principios de abril, la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) tiene un nuevo presidente: Plínio Lemos Jorge ha tomado el relevo de Wesley Cardia, cuyo mandato ha llegado a su fin.

Jorge es abogado, máster en Derecho Fiscal por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP) y ha sido juez del Tribunal Fiscal del Estado de São Paulo.

En una entrevista exclusiva con Yogonet, el nuevo titular de la ANJL habló sobre los desafíos de su nuevo cargo y defendió que los vetos del presidente Lula a la exención fiscal para los jugadores con ganancias inferiores al primer tramo del impuesto sobre la renta de la Ley 14.790 deben ser revocados por el Congreso.

Usted asumió la presidencia de ANJL en un momento crucial para el sector, con la ley 14.790 aprobada y la regulación de las apuestas online en marcha. En su opinión, ¿qué papel desempeñará la asociación en las próximas etapas de este proceso y cuáles son los mayores desafíos para el mercado brasileño?

La Asociación Nacional de Juegos y Loterías seguirá cumpliendo su papel de representante de los corredores de apuestas y defensora de un sistema de integridad, transparencia y seguridad tanto para los jugadores como para los apostantes. Esto significa que seguiremos participando activamente en la construcción del marco regulatorio del mercado de apuestas deportivas y juego online, haciendo nuestras aportaciones a los legisladores y al Ejecutivo, siempre reflejando las mejores prácticas internacionales.

En los próximos días, estaremos plenamente enfocados en lograr que el Congreso Nacional comprenda la importancia de retirar los vetos a los incisos del artículo 31 de la Ley 14.790. Mantener estos vetos podría anular la eficacia de la regulación, ya que establecería una forma de tributación en el país que incentiva a los apostadores a migrar a sitios ilegales.

No tiene sentido gravar la renta sin respetar el concepto de renta establecido en la Constitución Federal. La ANJL defiende que el impuesto se pague anualmente y por encima del importe de la banda de exención del IR.

Hay una fuerte discusión sobre la posibilidad de que algunos estados (como Río de Janeiro y Paraná) creen sus propias reglas e impuestos para el sector. Se habla mucho del riesgo de guerra fiscal y de inseguridad jurídica. ¿Cómo ve esta cuestión? ¿Cree que el actual proceso de acreditación gestionado por la Loterj, por ejemplo, está obstaculizando la regulación nacional, como afirman algunos críticos?

No veo el riesgo de una guerra fiscal, pero sí de inseguridad jurídica en los casos en que la legislación estatal otorga a las loterías estatales prerrogativas que pertenecen a la Unión. Hay cuestiones sobre las que los estados no pueden legislar, como las normas de publicidad, por ejemplo.

Además, ninguna lotería estatal puede conceder una licencia a una casa de apuestas para operar en todo el territorio nacional, porque eso iría en contra de lo que dice la propia Ley 14.790 y de lo que decidió el Tribunal Supremo Federal, en la sentencia de ADPFs (Alegaciones por incumplimiento de un precepto fundamental) 492 y 493.

Es decir, que los estados y el Distrito Federal tienen derecho a explotar servicios de lotería, siempre que lo hagan dentro de sus territorios. Para la ANJL, las loterías estatales son, por tanto, legítimas, siempre que no invadan la competencia de la Unión.

El Senado ha anunciado que pondrá en marcha una CPI para investigar los casos de manipulación de partidos en el fútbol. ¿Cómo ve ANJL la cuestión de la integridad y el juego responsable? ¿Hay algo que las empresas puedan hacer para frenar las tramas de apuestas y atacar así el amaño de partidos?

Para la ANJL, las principales víctimas de las tramas de amaño de partidos son las propias casas de apuestas deportivas, porque un sistema fraudulento e inseguro expulsa a los apostantes del mercado y, por tanto, perjudica a los sitios. Mientras que a media docena de personas les va bien, todo un mercado está en peligro, bajo sospecha.

Las empresas ya han adoptado medidas para frenar estas prácticas, como la utilización de programas informáticos de vigilancia capaces de detectar indicios de manipulación, así como la sensibilización. La reglamentación introducida por la Ley 14.790 también establece diversas normas que deberían dificultar o, al menos, inhibir nuevos casos.