Chile: Los municipios deberán incluir en sus presupuestos el pago anual que los casinos abonan por las licencias

La Contraloría General de la República de Chile impartió instrucciones a los municipios que perciben fondos de parte de los casinos de juego para incluir dentro de sus presupuestos los montos que reciben en calidad de oferta económica, esto es, la suma anual que pagan las salas de juegos para recibir o renovar un permiso de explotación.

De acuerdo al dictamen de la Contraloría, publicado el 5 de marzo, la oferta económica consiste en “el monto de dinero expresado en unidades de fomento, ofrecido por una sociedad postulante a un permiso de operación o renovación para explotar un casino de juego”.

Sobre dicha suma, añadieron, “la Contraloría concluye que en virtud del principio de legalidad del gasto público, los municipios sólo pueden destinar los fondos que perciban por concepto de oferta económica estrictamente al cumplimiento de sus funciones legales y, además, deben ingresar tales recursos a su presupuesto”.

En el dispositivo legal, a su vez, recordaron que la Ley 19.995, que regula el funcionamiento de los casinos en Chile, dispone que el Servicio de Tesorerías recaudará los recursos por concepto de oferta económica comprometida por la sociedad operadora de un casino, los que ingresarán al patrimonio de la municipalidad respectiva.

En ese contexto, advirtieron que la ley “no contempló reglas” en cuanto al uso o destino por parte de los municipios beneficiarios respecto de la referida oferta económica.

A partir de ello, afirmaron que, conforme a la Constitución y otras normas, “los servicios públicos deben actuar con estricta sujeción a las atribuciones que les confiere la ley y, en el orden financiero, deben atenerse a las disposiciones que al efecto regulan el egreso”.

“En atención a tales consideraciones normativas, queda de manifiesto que los municipios sólo pueden destinar los recursos que perciban por concepto de oferta económica, según se ha reseñado, al cumplimiento de funciones que el ordenamiento jurídico les encomiende”, remarcaron finalmente.