El diputado nacionalista Álvaro Dastugue presentó ante la Cámara de Representantes del Uruguay, un proyecto de ley sobre ludopatía que pretende establecer normas para la “prevención y regulación del consumo excesivo de juegos de azar”.
El proyecto presentado se focaliza puntualmente en torno a los casinos presenciales, y la iniciativa fue derivada a la Comisión Especial de Adicciones, que el legislador blanco integra.
En diálogo con la prensa, el diputado dijo que Uruguay “es uno de los pocos países del mundo” que tiene casinos que son propiedad del Estado, quien “lucra con la enfermedad” de algunas personas.
“Cuando tenemos muy banalizado o naturalizado el juego, nosotros queremos trabajar en romper esa cultura, e informar y concientizar de las consecuencias nocivas del juego cuando se transforma en problemático y adictivo”, argumentó.
De los 11 artículos del proyecto de ley, cinco hacen mención directa a los casinos. Lo que se dispone, a grandes rasgos, es que se proyecten “avisos, mensajes y leyendas tendientes a promover la salud mental y los riesgos de la ludopatía como enfermedad” dentro de las salas de juego, así como también que se distribuyan relojes digitales. También se busca retirar los cajeros del interior de los casinos y prohibir los pagos electrónicos dentro de los mismos. Finalmente, Dastugue busca decretar horarios de funcionamiento “más estrictos”, en casinos tanto públicos como privados.
Cabe recordar que Uruguay cuenta con cuatro casinos y 30 salas: seis en Montevideo y el resto en el interior del país. De los 34 locales habilitados, 23 son de explotación de la Dirección General de Casinos (DGC), y las 11 restantes de explotación mixta.
A nivel general, todos abren entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana, y cierran entre las 3:00 y las 5:00, según información publicada en la web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Los jugadores y sus círculos
En 2019 había en el Uruguay cerca de 35.000 personas adictas al juego. Esas son las últimas cifras oficiales respecto al tema, y se estima que el número fue en aumento, de acuerdo a lo señalado por Gracy Gómez, psicóloga e integrante del Programa de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico, impulsado por la Dirección General de Casinos (DGC) y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Fmed-Udelar).
Asimismo, tanto la experta como el diputado nacionalista enfatizaron en que cada una de esas personas que “hace un uso problemático” del juegom “afecta” a otras cinco de su entorno, ya sea amigos, familiares o incluso vecinos. A esto se debe que haya unas 175.000 personas “que tienen conexión con la ludopatía”, ya sea por ser adictas ellas mismas o porque se ven afectadas directamente. A pesar de ello, el programa solo atiende a unos 300 ludópatas, según indicó Gómez.
Según un estimado provisto por la psicóloga, la gran mayoría de quienes asisten al programa lo hacen por problemas con los slots (65%). Le siguen Supermatch, con 15%; juegos de casinos, con 12%, y otros juegos (quiniela, 5 de Oro, apuestas de caballos, etc.), con 8%.
La respuesta del Gobierno
Otros organismos que también tienen su parte en el tema son la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) y La Banca que, si bien no pertenece al Estado, aglutina varias agencias de juegos.
Respecto al primer ente, su director, Ricardo Berois, comentó a Montevideo Portal que “el único juego que es directo del Estado es la lotería”, ya que los demás están concesionados a privados. “Es un juego muy pasivo, que no produce ludopatía”, apuntó. En cambio, sobre los otros, son los agentes quienes “se han encargado de hacer una serie de limitaciones para que no entre cualquiera” e incluso “se les hace un seguimiento a jugadores”.
“O sea, se trata de poner diferentes regulaciones sobre el juego que atenúan lo que puede ser la adicción de cualquier persona”, expresó Berois.
Por otro lado, el director de la DNLQ mencionó que otra responsabilidad que tiene su organismo es controlar el “juego ilegal de la plataforma”, ya que “muchas adicciones se hacen a través de juegos que entran de forma ilegal” al país. Son más de 1.500 las plataformas bloqueadas por la dirección, precisó; la única autorizada es Supermatch.
A nivel de La Banca, en tanto, en su página web tienen disponible un menú desplegable sobre juego responsable. Allí se da información de “ayuda y protección al usuario”, tal como métodos para “identificar los problemas y la dependencia” o consejos para jugar responsablemente, entre otras herramientas. También pone a disposición su línea gratuita de ayuda (0800-2000), así como distintos centros de atención y otros sitios e información de interés.
En tanto, Berois fue consultado por la visión de Dastugue acerca de que el Estado “lucra” con esta enfermedad, algo que él negó fervientemente. “Para nada; no sé en qué sentido puede lucrar”, manifestó.
Así, señaló que, en base a los juegos autorizados que tiene el Estado, “es lo que recauda”. “Pero no sé de qué forma puede lucrar el Estado, si [su] responsabilidad mayor es controlar, regular”, insistió.
De esta forma, Berois recalcó la importancia que tiene el hecho de que “en todos estos juegos haya fiscalización de contralor y regulación” por parte del Estado.
“Esto sí que son situaciones que hay que controlar, o sea no es dejar que venga cualquiera acá y ponga una plataforma de juegos. Hay que tener mucho cuidado con esto”, finalizó.
Otros puntos del proyecto de Dastugue
La iniciativa del diputado también pretende que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) diseñe un protocolo de salud mental a implementar, o que se declare a la última semana de junio de cada año como “la semana de concientización sobre la adicción a los juegos de azar o ludopatía”.
“Es imperativo que tomemos medidas efectivas para abordar este problema de manera integral, proporcionando a quienes lo padecen las herramientas necesarias para su recuperación y la reconstrucción de sus vidas. La prevención y la educación desempeñan un papel esencial en este esfuerzo”, sostiene el diputado en la exposición de motivos de la iniciativa, y donde reclama actuar con “urgencia”.
Gómez dijo a Montevideo Portal que estaba “esperando” este proyecto, tanto ella como “los propios pacientes”. Según relató, cuando fue a discursar con los legisladores sobre este problema se fue del Palacio Legislativo “realmente muy contenta”. “Les conté a los pacientes y también los pacientes quedaron muy contentos, porque saben el peligro que esto implica”, enfatizó la psicóloga.