Más allá del proyecto de ley presentado por el senador del Partido Nacional uruguayo, Sergio Botana para regular la actividad de las máquinas tragamonedas, Uruguay no posee ninguna ley que regule las apuestas online, a pesar de la coincidencia general de su necesidad.
Desde agosto de 2022, la Comisión de Hacienda de Diputados tiene en estudio un proyecto de ley aprobado por el Senado que introduce modificaciones a la normativa presentada por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2021. Dicho proyecto busca regular y reglamentar las apuestas online por parte de la Dirección General de Casinos y de privados.
Juan Martín Rodríguez, diputado integrante de dicha Comisión, comentó que en la cámara baja consideran que “la mejor propuesta es la del Poder Ejecutivo” pero, debido a que la del Senado había sido votada por unanimidad, se decidió “trabajar sobre una modificación específica” sobre los 10 artículos que componían este segundo.
Ambos proyectos se diferencian en que el presentado por el Ejecutivo no consideraba la atención a los ludópatas, algo que fue añadido en 2022 por el Senado.
El cambio propuesto por Diputados refiere al artículo que habilita el lucro sobre el juego online solo cuando los inversores terminen las obras en un lugar físico en donde debe funcionar un casino. Ahora se busca establecer una gradualidad para determinar a partir de cuándo se pueden explotar las apuestas por internet por parte de un privado establecido en el país.
Según la propuesta de diputados, cuando se alcanza un porcentaje de inversión, que puede ir de un 20% para algunos casos al 50% en otros, puede comenzarse a generar recursos a través de casinos en línea.
De todos modos, y a pesar de la negativa del Partido Nacional, en la sesión del miércoles (20) se decidió postergar la discusión hasta la primera sesión de marzo del año próximo en la Cámara de Representantes, debido a la falta de acuerdos a la interna de Hacienda.
“En nuestro país no hay legislación en la materia y eso provoca que muchas veces exista otro tipo de juego online no legislado o no regulado, nosotros como legisladores tenemos que apuntar a que toda actividad económica se haga al amparo de la ley”, concluyó Rodríguez.