El abogado Carlos Baeza, representante en Chile de las casas de apuestas online Betano, Betsson, Coolbet, Betwarrior y Latamwin, saludó la decisión del Ministerio Público de archivar las querellas que los casinos presenciales y la Polla de Beneficencia presentaron contra las plataformas de apuestas online, a fin de frenar sus operaciones.
En entrevista con Yogonet, afirmó que la decisión de la Fiscalía supone que no existen fundamentos para una investigación penal y que es “de muchísima mayor relevancia y alcance que el fallo de la Corte Suprema”, el cual declaró ilegales a las plataformas online y ordenó el bloqueo de más de 20 operadores.
Recientemente, se anunció que el Ministerio Publicó archivará las querellas que los casinos presenciales y la Polla de Beneficencia presentaron contra los operadores online. ¿Qué opinan sobre esta decisión?
Efectivamente, el pasado jueves 26 de octubre de 2023, el Juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago proveyó un escrito donde comunica a las partes involucradas la decisión del Ministerio Público de no perseverar (DNP) en la investigación que se lleva a cabo en contra de operadores de plataformas de apuestas online. El argumento esgrimido por la Fiscalía es en relación a la inexistencia de antecedentes suficientes para fundar una acusación, luego de casi dos años de exhaustiva investigación.
Por esto, las querellas interpuestas por los casinos presenciales y la Polla Chilena de Beneficencia en contra de las plataformas de apuestas en línea (PAL) serán archivadas por el Ministerio Público al no existir pruebas suficientes para formular cargos por la comisión de un delito penal.
Lo anterior tiene un positivo impacto para la industria, porque el Ministerio Público ha determinado que no se cumplen los requisitos para fundar la imputación de un delito penal, lo que genera una gran tranquilidad y certeza para usuarios y todos quienes están relacionados con esta industria tecnológica. Ello establece una decisión definitiva respecto a la materia, ya que es el Ministerio Público la única autoridad facultada por ley para determinar los criterios de persecución penal con alcance general para todo el país.
En un contexto de recientes reveces judiciales, donde destaca el fallo de la Corte Suprema que ordenó el bloqueo de más de 20 marcas online, ¿cómo afecta esta decisión del Ministerio Público a los casos que hay en paralelo?
La decisión del Ministerio Público es, sin duda, de muchísima mayor relevancia y alcance que el fallo de la Corte Suprema que, como hemos mencionado muchas veces, es equivocado y tiene efectos muy limitados, resultando obligatorio para las partes de esa causa judicial, es decir la Polla Chilena de Beneficencia y la sociedad Mundo Pacifico S.A.
En contraste con el limitado alcance del fallo de la Corte Suprema, el Ministerio Público es una autoridad autónoma e independiente del Poder Judicial, consagrada con rango constitucional. Por esto, su decisión, que tiene efectos generales y no puede ser objeto de revisión o cuestionamiento por ningún tribunal, marca un precedente, ya que es emitida por el único organismo facultado por ley en Chile para determinar los criterios de persecución penal.
Consideran que esta decisión fiscal tendrá un impacto en los parámetros para legislar la regulación del sector que se viene dando en la Cámara de Diputados?
Sin ninguna duda debería ejercer una gran influencia. Esta decisión evidencia los erróneos argumentos del fallo de la Corte Suprema y confirma la legalidad desde el punto de vista penal de la operación que actualmente realizan las plataformas de apuestas online en nuestro país, ratificando la postura sostenida por los operadores de plataformas de apuestas en línea, respaldada sistemáticamente por numerosos informes en derecho.
Entrega, además, total tranquilidad y certeza a los usuarios, operadores y demás actores presentes en la industria, de que no serán perseguidos penalmente por participar de esta actividad en nuestro país.
Considerando que algunas de las indicaciones ingresadas a última hora por el Ministerio de Hacienda tienen como fundamento la supuesta “ilegalidad” de la operación, lo que ha quedado claramente desvirtuado con esta decisión, consideramos que esas indicaciones deben ser corregidas.
Este hito contribuirá a despejar la discusión que actualmente se está llevando en el Congreso sobre la necesidad de regular la industria, ya que estos argumentos de ilicitud —que han intentado ser impuestos por parte de terceros para condicionar el libre mercado y el sano desarrollo de esta industria en nuestro país— hoy quedan obsoletos.
El Ministerio de Justicia dio por concluido el proceso de fiscalización a la ANFP. Sin embargo, han anunciado que iniciarán otros similares contra clubes de fútbol que no han retirado la publicidad de apuestas. ¿Ha habido alguna comunicación del Ejecutivo con las casas de apuestas online sobre este tema y otros vinculados a patrocinios deportivos?
El Ministerio de Justicia excedió con mucho sus atribuciones al ordenar a la ANFP “dejar sin efecto sus contratos” con plataformas de apuestas online. En el caso de la ANFP, fue la propia Betsson la que decidió poner término a ese vínculo.
Es importante recordar que las facultades del Ministerio de Justicia están limitadas a situaciones formales de las personas jurídicas “sin fines de lucro”, como corporaciones o fundaciones. Todos los clubes de futbol están constituidos legalmente como personas jurídicas con fines de lucro, es decir, como sociedades de distintos tipos, sobre las cuales el Ministerio de Justicia no tiene incidencia ni facultad alguna.
En una reciente entrevista con Yogonet, la presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, Cecilia Valdés, reiteró que los operadores online que actúan en Chile son ilegales, aunque dijo que esperan que el próximo año ya se cuente con una regulación online. ¿Hubo algún contacto reciente con ella o algún representante de ese gremio para tratar temas vinculados al sector?
No hemos mantenido ningún contacto formal con ellos. Los casinos presenciales han mantenido una agenda propia y han sostenido públicamente que ellos quieren este mercado para ellos mismos a través de una “ley corta”. Nosotros creemos que hay muchos puntos en común y que deberíamos enfrentar el proceso regulatorio de manera conjunta para generar un mercado competitivo y robusto.
Ahora, que la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, cuyos integrantes están siendo investigados por colusión y que incluso han entregado préstamos a sus clientes —en contra de la ley—, nos continúe tildando de “ilegales” no contribuye ni a posibilitar un trabajo conjunto ni a una discusión con altura de miras.