Organizada por la Corporación de Juego Responsable y la Asociación Chilena de Casinos de Juego, se realizó la cumbre “Realidad del juego No Regulado y sus Externalidades Negativas”. Durante la cumbre realizada en Chile, se presentó un estudio realizado por Unholster y MORI, que abordó la percepción, actividades y perfiles de jugadores de apuestas, tanto en lugares físicos como en sitios web.
En medio de una discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley que regula el mercado del juego en Chile, como contó Yogonet, el estudio concluyó que el 73% de los chilenos afirma que las apuestas online deben ser reguladas. Al mismo tiempo, se concluye que un 52% dejaría de jugar de forma online al saber que son ilegales, mientras el 23% lo seguiría haciendo.
Cecilia Valdés
Otro aspecto importante del estudio afirma que los jugadores online tendrían un perfil más riesgoso con las apuestas, jugando de manera más frecuente que aquellos que juegan físicamente. Acerca de este punto, una de las exponentes de la cumbre, Cecilia Valdés, presidenta de la Asociación de Casinos de Juego, opinó: “Es un jugador riesgoso, que lo hace de forma habitual por sobre los que frecuentan los casinos, es un público joven y en su mayoría masculino, de un estrato social medio-alto, que se inicia a temprana edad, lo que es preocupante porque si no se genera un marco regulatorio podría derivar en un problema de salud pública, como lo son las otras adicciones”.
En lo que respecta a las edades de los jugadores, el estudio señala que segmento de jugadores online se encuentra entre los 26 y 40 años con 36%, seguido por un 35% ubicado entre los 41 a 60 años. Otras conclusiones muestran que un 24% de los jugadores online tienen sólo educación básica, mientras que un 46% tiene sólo educación media; al tiempo que la mitad de los jugadores online se perciben como clases socioeconómicas bajas.
Por su parte, el ex fiscal Carlos Gajardo enfatizó sobre la necesidad de actualizar la legislación sobre las casas de apuestas clandestinas. “Es la hora que se aplique el derecho penal. No es posible que haya comerciantes que estén sin patente, además de estar funcionando incluso después de haber sido clausurados, es evidente que la fiscalía debe actuar”, dijo.