República Dominicana: Exdirectores de Casinos admiten culpabilidad en caso de cobros ilícitos a bancas de apuestas

La Procuraduría General de la República Dominicana informó que 14 de 20 exfuncionarios de gobierno imputados admitieron su culpabilidad en el caso sobre una red de cobros ilícitos a dueños de bancas de apuestas, denominado Operación Calamar. Entre estos, aparecen Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.

De acuerdo a un comunicado, los 14 imputados lograron acuerdos sobre las medidas de coerción que se les impondrán. Contra ellos, el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.

Entre los demás exfuncionarios que aceptaron pertenecer la estructura corrupta están: Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación, Yahaira Brito Encarnación, Ramón David Hernández y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional.

Por otro lado, la fiscal Rosa Alba García señaló que entre los imputados que no admitieron su culpabilidad están Donald Guerrero, exministro de Hacienda; José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la Presidencia; Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas; Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar; y Aldo Antonio Gerbasi. Contra estos, se pidió 18 meses de prisión preventiva.

Los exministros dominicanos José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo (izq. a der.)

La imputación preliminar del Ministerio Público contra los acusados es por los delitos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos.

Cabe señalar que, el lunes, el Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional terminó de tomar conocimiento del expediente fiscal y programó para el martes a las 10:00 h. (hora local) la audiencia en la que informará sobre las medidas de coerción para los 20 acusados.

Desde la fiscalía, destacaron que el expediente del caso “posee más de 3.000 páginas y más de 1.200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17.000 millones de pesos (USD 309,1 millones) al Estado por expropiaciones, los cuales sumados a unos 2.100 millones (USD 38 millones) en deuda administrativas totalizan más de 19.000 millones (USD 346 millones)”.

Revelaciones

A fines de marzo, dos diputados dominicanos y dueños de bancas de apuestas admitieron haber pagado sobornos a exfuncionarios en el marco de este caso. Así lo informó el medio local Diario Libre. Los legisladores vinculados a las bancas de apuestas, y que no quisieron ser identificados, aceptaron haber pagado millones de pesos debido a extorsiones.

Ministerio Público destaca 14 de veinte imputados han acordado medida de coerción por su participación en red de corrupción de Operación Calamar.https://t.co/3GmEhTyfnD

— Procuraduría General de la República (@ProcuraduriaRD) April 4, 2023

“Vivimos momentos muy difíciles. Teníamos que pagar religiosamente cada mes”, señaló uno en diálogo con el diario dominicano. El otro diputado sostuvo que muchas bancas de loterías y deportivas quebraron ante la situación que enfrentaron. “Quiero desahogarme y hablar del problema del sector de las bancas de loterías. De todo el engaño que hubo en la administración pasada”, cuestionó, en alusión al gobierno pasado.

Según la acusación, en el periodo 2016-2020, los ex altos funcionarios implicados en la Operación Calamar constituyeron una red de cobros ilícitos que habría acumulado la suma de USD 346 millones, convirtiéndose así en el mayor caso de corrupción en República Dominicana.

El modus operandi consistía pagos mensuales que funcionarios de la Dirección de Casino y Juegos exigían, a modo de extorsión, a los dueños de bancas de apuestas deportivas, loterías y tragamonedas, a fin de permitir que continúen operando de manera clandestina o irregular.